La Constitución Española reconoce en su artículo 47 el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, obligando a los poderes públicos a promover las condiciones para hacerlo efectivo, regular el suelo e impedir la especulación. Ahora bien, no todos los políticos entendemos de igual manera aquello que se refleja en la Constitución, pilar fundamental de nuestros derechos.

Los partidos de izquierdas desarrollan una Ley de Vivienda junto con iniciativas que promueven, por ejemplo, regular el alquiler de temporada o fijar topes a los precios de alquiler. Algo que, sin duda, ayuda a dar respuestas ante la necesidad social de poder residir en una vivienda digna. No obstante, estos partidos se enfrentan a una ideología conservadora que veta estas iniciativas porque prefieren ponerse una venda en los ojos y obviar lo que todos vemos: que el mercado no resuelve los problemas, favoreciendo, además y según sus intereses, la especulación en auge sobre la vivienda.

Frente a esta realidad, los gobiernos municipales del medio rural también tenemos mucho que hacer. A pesar de los incansables comentarios negativos y catastrofistas por parte de la oposición, tachando al equipo de gobierno que dirijo de «nefasto gestor» por nuestras inversiones en vivienda de alquiler social, en el Ayuntamiento de Valjunquera seguimos en pie de guerra ante la problemática existente: que nuestros jóvenes se ven obligados a mudarse a localidades más grandes porque no encuentran donde vivir.

En los diez años con el honor de dirigir el Ayuntamiento del pueblo donde nací y donde he decidido vivir junto a mi familia, mi «obsesión», como algunos le llaman, ha consistido en revertir la caída de población.

Hasta el año 2015, el Ayuntamiento de Valjunquera contaba con dos pisos de alquiler social, a través de un arrendamiento con costes reducidos al que pueden hacer frente las diferentes familias. Tras la adquisición de viviendas y su posterior rehabilitación, en el año 2022 pusimos a disposición de las familias interesadas cinco viviendas en régimen de alquiler social. Más tarde, en 2023, ante la creciente lista de espera de las personas que llamaban a nuestras puertas para preguntarnos por las viviendas en alquiler y ante la falta de oferta de ventas a precios razonables, decidimos endeudarnos y encauzar todos nuestros recursos hacia lo que ha supuesto nuestra mayor inversión e ilusión: la construcción desde sus pilares de un bloque con cuatro nuevos pisos que se destinarían a alquiler social.

Dicha decisión, para nada fácil de tomar, suscitó críticas y debate. Hoy, tras muchos desvelos y preocupaciones, las cuatro viviendas están ocupadas por dos jóvenes del pueblo y dos familias con menores de edad a su cargo. Para mí es una satisfacción hecha realidad: nueve viviendas sociales con un alquiler medio de 300€ mensuales, aunque lo que quizá pueda todavía resultar más satisfactorio ante aquellos que criticaban estas inversiones es que, tras cerca de 600.000€ invertidos y gracias a una subvención de fondos europeos, dicha inversión se amortizará en 12 años con el pago de los alquileres.

En resumen, la creación de vivienda social no solo es una necesidad innegable por parte de las administraciones públicas, sino que resulta amortizable tanto social como económicamente.

Susana Traver. PSOE / Valjunquera