Aseguran que la indignación «no hace más que crecer» por el silencio tras el triple asesinato
La indignación ante la falta de respuestas sobre el dispositivo que se desplegó entre el 5 y el 14 de diciembre para capturar a Norbert Feher no para de crecer. La sociedad no está dispuesta a aceptar el silencio institucional y político después de dos intentos de homicidio en Albalate y tres asesinatos en Andorra en nueve días. Delegación y Subdelegación del Gobierno central en Aragón y Teruel se escudaron primero en que los detalles de la búsqueda podían afectar a la investigación y captura del delincuente y, ahora, una vez que Feher está en prisión, aluden al secreto de sumario que decretó la jueza en Alcañiz el 17 de diciembre. Sin dar ningún tipo de detalle de efectivos y medios -al margen de un helicóptero que recorrió la zona el día 8, una batida con unidades caninas y la realización de un retrato robot el día 11-, defienden que se siguió el protocolo establecido y que fue el correcto.
Los amigos del ganadero asesinado José Luis Iranzo, que no se van a rendir en la búsqueda de la verdad, se trasladaron ayer a Teruel para pedir al subdelegado, José María Valero, una reunión formal en la que plantearle su dolor, malestar, enfado e indignación. «Sentimos rabia. Creemos que esto no tenía que haber ocurrido porque pasaron muchos días desde el primer hecho al segundo. Se tendrían que haber puesto muchos más medios de los que dicen que se pusieron», dijo uno de los amigos de Iranzo, Javier Artigas, visiblemente afectado. También denunció el «abandono» al que están sometidos los vecinos del medio rural turolense. «No se nos tiene en la misma consideración que al resto de los ciudadanos», añadió. Las razones para solicitar este encuentro quedaron más que claras en un comunicado que este colectivo hizo público el miércoles por la tarde.
Desde el departamento de prensa de subdelegación aseguran que se está intentando «cuadrar» un encuentro en Andorra con la alcaldesa, Sofía Ciércoles, a la que estarán invitados los amigos de Iranzo. Aunque no se concretó fecha, la previsión es que tenga lugar antes del 15 de enero.
A los andorranos, les acompañaron miembros de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), compañeros de los dos agentes asesinados Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Manifestaron que lo único que tienen claro son las «incógnitas» pero que van a poner a disposición de las familias todos los medios de la asociación. «Además de defender a las familias, nuestra intención es esclarecer los hechos y, si hubiese errores, hacerlos públicos», dijo su portavoz, Cristóbal Soria, que también adelantó que ahora están trabajando para conseguir que se reconozca la pensión de viudedad a la pareja de uno de los agentes asesinados que, pese a no estar casados, llevaban doce años conviviendo. «Hablaremos con el Ministro si fuese necesario», dijo con indignación.
Soria, que reconoció que sufren presiones, también lamentó las «limitaciones terribles» de seguridad en la provincia. «Estamos discriminados con respecto a cualquier otra provincia. Nos dividimos en núcleos operativos porque no hay capacidad de personal para prestar servicios. Hay que coger agentes de un puesto y de otro para poder formar una patrulla», recalcó.
Precisamente, este sindicato está terminando de preparar la documentación para personarse como acusación popular y particular (con autorización, hasta el momento, de una de las familias) en la causa contra Feher. «Lo importante no es hacerla, es mantenerla hasta el final para que el criminal confeso cumpla la pena máxima», dijo Soria.
También el sindicato agrario UAGA, en el que militaba Iranzo, se personó el miércoles en el Juzgado de Alcañiz. En este caso, como acusación popular.
«Personándonos como acusación popular tendremos base suficiente para formular la acusación y, además, si de ahí se pudieran derivar algún otro tipo de indicios de actuaciones que no han sido diligentes, se exigirían las responsabilidades pertinentes», dijo el asesor jurídico de UAGA, Pablo Martínez, tras entregar en el Juzgado de Alcañiz la documentación pertinente. «Se hizo alguna actuación pero fue fugaz e insuficiente. Habían pasado muchos días y había denuncias. El propio Iranzo denunció por la mañana que el asesino había estado en su propiedad esa noche», denunció el secretario general de UAGA, José Manuel Penella. Los responsables sindicales adelantaron que se reunirán el día 9 de enero con el justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para solicitar su apoyo, tanto en el caso del triple asesinato como para demandar más seguridad en el medio rural.
El secreto de sumario
El principal escollo para conocer los hechos ahora es el secreto de sumario del caso. Ninguna de las partes puede acceder al expediente hasta que no se levante. Aunque fuentes jurídicas reconocen que ante la gravedad del caso es «lógico» que se haya decretado, también coinciden en que no tiene sentido mantenerlo más de uno o dos meses; al menos, las cuestiones que se refieren al dispositivo policial seguido durante el periodo de tiempo en el que Feher sobrevivió en el monte albalatino robando mantas y comida entre el tiroteo y los asesinatos. Es este el asunto que más preocupa en la sociedad bajoaragonesa y podría resolverse, por ejemplo, con el levantamiento parcial del secreto de sumario. «Entendemos que no tiene ahora especial relevancia ya que el imputado está en la cárcel. No hay motivos aparentes para mantenerlo mucho más tiempo», señaló Martínez. En la misma línea se manifiestan varios compañeros del juzgado de Alcañiz.
Responsabilidad política en DPT
Por otra parte, los representantes de Chunta Aragonesista y Ganar en la Diputación Provincial de Teruel registraron el miércoles una propuesta para exigir que el Gobierno de España asuma «responsabilidades políticas y de mando técnico» en el caso. La propuesta se votará en el próximo pleno. Estos dos partidos, junto a Podemos, han pedido la dimisión política de los responsables del gobierno central en el territorio.
