En enero del año 2020 participé como director general de ordenación del territorio en unas jornadas celebradas en Fuentespalda, invitado por el grupo Leader OMEZYMA. Las jornadas llevaban por título: «Parques eólicos, ¿oportunidad o amenaza?» La jornada surgió ante la inquietud del territorio por la publicación en el Ministerio de Transición Ecológica del documento inicial sobre la instalación de cuatro centrales eólicas de grandes dimensiones.

Recuerdo que ante la pregunta que daba nombre a las jornadas, yo añadí en mi intervención tres interrogantes más al debate: ¿cómo?, ¿dónde? y ¿para qué? Preguntas necesarias para evaluar el impacto territorial de los nuevos proyectos, para cuestionar si las nuevas grandes centrales renovables son el único modelo a desarrollar para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la UE y el Gobierno de España y, especialmente, si estas inversiones repercuten positivamente en el territorio generando nuevas oportunidades o vuelven a copiar el modelo extractivo de tiempos pasados.

La tramitación en aluvión de estos proyectos en los últimos dos años desde las administraciones públicas autonómicas y el Ministerio de Transición Ecológica, ha generado una percepción de inquietud e indefensión en muchos municipios rurales. Lo que podría convertirse en una gran oportunidad si se hubiera actuado con sensatez y respeto a los valores del territorio, ha acabado convirtiéndose en una amenaza por los intereses económicos de un mercado energético liberalizado. Un número creciente de plantas fotovoltaicas y de parques eólicos de grandes dimensiones tendrán un notable impacto sobre la biodiversidad y sobre el uso del territorio que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental actual no está pudiendo evitar. Y deben ser los órganos sectoriales tramitadores de las diferentes administraciones, de forma coordinada, los que demanden esa planificación, para que los gobiernos asuman la situación y planteen a diferentes departamentos y áreas competentes desarrollar y actualizar las normas actuales.

Ya no es solo un clamor desde las plataformas generadas en defensa del territorio, sino que los órganos de participación sectoriales de las administraciones y los parlamentos políticos advierten de esta situación. En el último año y medio el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón ha emitido 150 informes (preceptivos pero no vinculantes) sobre proyectos relacionados con la instalación y evacuación de renovables en territorio aragonés. En todos ellos se advierte de la necesidad de adaptar los proyectos a los objetivos de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, incidir en mejorar los mapas del paisaje y de visibilidad, evaluar el impacto final socioeconómico en el territorio de instalación (no solo la creación prevista de puestos de trabajo y rentas, sino también las actividades económicas que se pueden ver perjudicadas), considerar la afección directa sobre la biodiversidad (en especial la avifauna), tener en cuenta la previsión de los nuevos nodos eléctricos de evacuación para evitar el desarrollo de grandes líneas de alta tensión y reclamar un plan de reposición de las infraestructuras viarias afectadas. A todas estas consideraciones, se añade en los informes una reflexión clave: «Mostrar la preocupación por la falta de planificación territorial, ambiental y sectorial, que dificulta la completa valoración de los efectos sinérgicos y acumulativos de estas infraestructuras en las zonas de implantación».

Realmente, es precisa una planificación general para generar riqueza sin hipotecar el futuro, favoreciendo la generación distribuida y los proyectos de pequeña escala en zonas remotas, consiguiendo una transición energética justa para el territorio y sus habitantes, que los haga protagonistas y no rehenes de modelos centralizados a gran escala que no responden al interés del medio rural y a su equilibrio socioeconómico.

José Manuel Salvador. Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón.