El cierre de las quince torres de vigilancia forestal del Bajo Aragón Histórico deja nuestros montes sin uno de los recursos fundamentales para detectar a tiempo los incendios. Esta situación debería llevar al Gobierno de Aragón a revisar los calendarios de activación de un operativo que sigue funcionando con criterios estacionales cada vez más alejados de la realidad climática. Octubre avanza con temperaturas cercanas a los 30 grados, una vegetación extremadamente seca y avisos por riesgo de incendio. Sin embargo, la campaña de vigilancia ha terminado.
El cambio climático está alterando los periodos de riesgo y obliga a adaptar los recursos públicos a unas condiciones meteorológicas que ya conocemos bien. Los veranos comienzan antes y se prolongan durante el otoño. Resulta difícil justificar que buena parte de las torres no entren en funcionamiento hasta mediados de junio y cierren en septiembre, cuando todavía persisten condiciones favorables para la propagación del fuego. La prevención exige anticipación y flexibilidad, con dispositivos que respondan al riesgo real de cada territorio.
También merecen atención las condiciones laborales que denuncian los vigilantes. Trabajar durante horas en casetas que alcanzan temperaturas extremas, sin servicios básicos, con material obsoleto y utilizando vehículos particulares para acceder a puestos remotos evidencia la necesidad de modernizar las instalaciones. Su experiencia y conocimiento del terreno constituyen un patrimonio profesional que debemos cuidar. La detección temprana puede marcar la diferencia entre un conato controlado y un incendio de consecuencias devastadoras.
El Bajo Aragón conoce bien el impacto ambiental, económico y social de los grandes incendios forestales. Nuestros montes sostienen biodiversidad, actividad turística, explotaciones agrarias y buena parte de la identidad de nuestros pueblos. Protegerlos requiere inversión sostenida, planificación y unas condiciones dignas para quienes velan por ellos. El Gobierno de Aragón debe revisar la duración de las campañas y garantizar recursos suficientes para mantener la vigilancia mientras exista riesgo. El coste de reforzar la prevención siempre será menor que el de afrontar las consecuencias de un gran incendio.
Editorial
