Los afectados critican que desde hace una semana no han recibido información
Una mesa de trabajo formada por las cuatro administraciones implicadas gestionará todas las ayudas económicas destinadas a las afecciones del derrumbe de Alcañiz para que no se solapen y puedan ser complementarias. Se encargará de ver con qué prestaciones se cuenta, hasta dónde puede llegar cada institución y que no haya líneas de subvenciones destinadas a un mismo fin sino que se diversifiquen. No obstante, antes se debe conocer la suma total de los daños en las viviendas y el talud a través de los informes que están elaborando los técnicos. Asimismo, el Gobierno Central tiene que declarar el cerro Pui Pinos zona catastrófica, una consideración especial que daría acceso a mayores cuantías económicas que las estipuladas en los planes de emergencia estatales y que permitiría a DGA colaborar económicamente. Formarían parte de la citada mesa el Ayuntamiento de Alcañiz, Diputación Provincial de Teruel, Gobierno de Aragón y Gobierno Central.
No se precisaron cantidades
Más de dos semanas después de la tragedia, ayer se confirmó que el ejecutivo autonómico también colaborará con las afecciones. El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, se reunió en Zaragoza con el consejero de Presidencia de DGA, Vicente Guillén, quien anunció que su departamento complementará las cantidades que aporten el resto de las administraciones para paliar los desperfectos de todo tipo que se produjeron como consecuencia del desprendimiento. Gobierno de Aragón podría aportar ayudas a través del Fondo de Contingencia, dotado con 14,3 millones de euros en el proyecto de presupuestos de 2017. «El ejecutivo autonómico participará, como lo ha hecho en otras ocasiones, tanto en los daños materiales como en lo que se refiere a las aportaciones a los vecinos afectados», explicó ayer Guillén.
Una nueva aportación económica que se une a las ya comprometidas del Gobierno Central, DPT y Ayuntamiento además del seguro de responsabilidad civil municipal. «Estoy contento porque desde DGA hay voluntad de colaborar, que es lo más importante, pero tampoco hemos podido acordar una cantidad concreta a la espera de los informes», afirmó ayer el alcalde, quien invitó al portavoz del PSOE de Alcañiz, José Mª Andreu, a que le acompañara a la reunión como «gesto» hacia su partido, que gobierna en Aragón.
El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, visitó el miércoles la zona del derrumbe en su visita a Alcañiz para ver los proyectos financiados con el FITE de 2016 (página 10). Soro se defendió de las críticas por la tardanza de DGA en acudir a la capital bajoaragonesa. «En estas situaciones si vienes te critican por hacerte la foto y si no, también. Esta visita estaba programada para el día siguiente del suceso pero llamé al alcalde y le planteé que no terminaba de ver oportuna mi presencia y decidimos posponerla», comentó el consejero.
Se retrasan los informes técnicos
Aunque el Consistorio anunció que los primeros informes sobre las casas afectadas por el derrumbe del cerro Pui Pinos podrían estar listos a mediados o finales de esta semana, finalmente no será así y aún tardarán unos días. Precisamente, los afectados están molestos por la falta de información sobre el avance de las tareas. Desde que el jueves de la semana pasada se reunieron con la dirección de obra no han vuelto a recibir ningún tipo de comunicación oficial. «Nos dijeron que esta semana nos dirían algo y no ha sido así. Nos gustaría estar informados», explica uno de los portavoces de los afectados, David Miranda.
Esta semana los trabajos continúan en la parte inferior del talud. El martes comenzaron las labores de triaje para recuperar enseres de valor y ahora se está retirando toda la tierra que se extrajo de la parte superior días atrás.
Más de dos semanas después del suceso, la mitad de los afectados, una treintena, aún continúan fuera de sus casas. De ellos, cuatro familias ya residen en pisos alquilados sufragados por el Consistorio porque ya se sabe que no podrán entrar en sus viviendas en un corto plazo. El lunes los propietarios de las viviendas cuya estructura no ha sufrido daños pudieron volver a entrar en sus hogares para recoger objetos personales.
