Preocupación entre los 19 pueblos que perderán su parada de bus estatal

Los viajes en líneas de autobús estatales serán gratuitos a partir del 1 de febrero en Aragón, una medida ideada por el Ministerio de Transportes para reforzar el uso del transporte público que sin embargo es contradictoria con la eliminación de la mayoría de paradas en el medio rural que se llevará a cabo si sale adelante en el Congreso el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Este nuevo proyecto de ley, que, entre otros objetivos, pretende «que los autobuses puedan atender a más personas con tiempos de viaje más competitivos» supondrá un gran recorte en paradas de bus de líneas estatales que afectará especialmente al medio rural. Concretamente en Aragón, la medida dejaría sin servicio a 151 municipios, 54 pertenecientes a Teruel, la provincia más afectada y de la cual 19 se ubican en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras.

Este nuevo mapa de bus estatal que el Gobierno Central pretende tramitar y aprobar este año recibió a mitad de diciembre luz verde por el Consejo de Ministros y ahora continúa en proceso de tramitación parlamentaria para terminar de convertirse en una realidad. En él, las rutas de largo recorrido reducirán notablemente su número de paradas y solo prestarán servicio en las tres capitales provinciales y otros 16 municipios en todo Aragón, algo que obligará a que buena parte de los vecinos tenga que realizar transbordos para poder acceder a una ruta intercomunitaria que hasta entonces pasaba por su localidad.

En el territorio, la ruta estatal que se verá modificada será la del Corredor Norte-Noreste, que conecta el Bajo Aragón Histórico con Cataluña, con paradas en Reus, Salou, Sitges, Cambrils o Barcelona. Con el nuevo proyecto de Ley, los únicos puntos de salida o llegada de esta ruta que se mantendrían corresponden a Alcañiz, Caspe y Alcorisa al tratarse de «nodos de gran flujo de viajeros». Mientras tanto, el resto de los 19 municipios que actualmente dispone de una parada para unirse a este recorrido perdería esta posibilidad.

Los pueblos perjudicados por este recorte se distribuyen por todas las comarcas exceptuando el Maestrazgo porque no pasa ningún trayecto. En la del Bajo Aragón, Calanda, Valdealgorfa, La Mata de los Olmos y Los Olmos se quedarían sin su parada; en el Bajo Aragón Caspe lo haría Maella y en Andorra-Sierra de Arcos, Gargallo. En el Matarraña, en cambio, la pérdida sería todavía mayor, con Valderrobres, Calaceite, Beceite, Mazaleón, La Fresneda, Valjunquera y Valdeltormo como municipios que se quedarían sin servicio.

50 kilómetros para poder coger el bus

Aunque la parte del territorio más afectada sin duda se concentra en Cuencas Mineras, comarca que a diferencia de las demás se sitúa todavía más lejos del municipio más cercano con estación, Alcorisa. Utrillas, Montalbán, Escucha, Cañizar del Olivar, Mezquita de Jargue y Castel de Cabra dejarían de contar con servicio de línea intercomunitaria, por lo que si, por ejemplo, un vecino de la capital de Cuencas Mineras quisiera viajar en este bus, este tendría que desplazarse por cuenta propia 50 kilómetros para llegar a Alcorisa.

Son estas largas distancias las que han despertado la indignación del Movimiento de Acción Rural (MAR), una plataforma vecinal de Cuencas Mineras que reivindica la mejora de los servicios en las localidades pequeñas y que ha denunciado que este recorte supondrá «otra bofetada al mundo rural». «Hablamos de unas paradas que en realidad afectan a los vecinos de los 30 municipios de nuestra comarca, ya que se eliminan paradas en pueblos donde normalmente nos acercamos para coger el bus», subraya Antonio Jiménez, portavoz del MAR.

La mayoría de sus usuarios, tal y como explican desde la plataforma y se confirma también en otras comarcas, se tratan de personas mayores sin vehículos o estudiantes que «no parecen ser rentables y no impiden sacar adelante leyes como esta». Y es que según dicta la propia propuesta ministerial a modo de justificación, la mayoría de los pueblos que perderían su parada «tienen muy poca población o presentan una demanda de viajeros entre comunidades autónomas muy exigua». Todo ello en un documento que al mismo tiempo defiende «la movilidad como un derecho social» y que asegura que el objetivo es que los autobuses «puedan atender a más personas con mejores servicios y tiempos de viaje más competitivos».

Piden que el medio rural no pierda paradas

El proyecto de Ley busca crear un marco normativo que fomente una movilidad más limpia y sostenible especialmente en las grandes urbes, aunque desde la DGA ya advierten que «está hecho con una visión centralista y olvidando por completo las necesidades del medio rural». Con ello concuerdan alcaldes como el de Montalbán, Carlos Sánchez, quien reitera que el Ministerio «tendría que replantearse el mapa y mantener por lo menos una parada en cada comarca» o bien «subvencionar el transporte público y mantenerlo en estas comarcas», como defiende Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas.

A ellos se unen también otros como Frederic Fontanet, alcalde de La Fresneda, que en cambio se centra en defender el potencial de los pueblos «que viven del turismo y que en verano cuadruplican la población con gente que viene principalmente de la zona de Barcelona, para los que esta línea es también un servicio». «Esto solo mermará la capacidad de lucha y sobrevivencia de los pueblos más pequeños», añade Fortanet.

La reordenación de las líneas de bus de concesión estatal es tachada como «un error» incluso por profesionales del sector del transporte público. «Lo que proponen es una reorganización que es fácil de llevar a cabo en ciudades donde hay muchas más opciones de transporte», opina José María Chavarría, consejero delegado de Grupo Hife. Según la propuesta del Ministerio, esta falta de líneas estatales se prevé suplir con «otras que dependan de las comunidades autónomas o con ferrocarril», una solución «muy complicada para el territorio». «Lo mejor sería crear un servicio a demanda. Así el autobús solo estaría obligado a entrar al pueblo cuando exista un pasajero que haya comprado un billete de forma previa», añade Chavarría.

De hecho, una de las cuestiones a negociar será esta compensación que el Estado deberá abonar a la DGA por asumir parte del coste del servicio actual de las concesiones estatales, estimado en dos de los 20,3 millones de déficit previsto para las arcas autonómicas. «Será necesario que se reciban fondos estatales para atender esas obligaciones de servicio público que recaerán en la comunidad», señalaron fuentes de la consejería de Vertebración del Territorio.

Todo ello se incluirá en el nuevo mapa concesional del transporte autonómico actualmente en licitación con el que «se estima que unas 110 paradas de las 151 queden cubiertas», según afirmó el presidente aragonés Javier Lambán.