Más de 400 movimientos ciudadanos de toda España, pertenecientes a diferentes sectores, volverán a manifestarse en Madrid el próximo 5 de octubre para protestar contra las políticas expansionistas que se están llevando a cabo en los territorios de la España rural, especialmente amenazada por la despoblación, y para exigir un modelo de país más justo y equilibrado en infraestructuras y servicios públicos, sobre todo sanitarios y de transporte.
En este movimiento social se han unido plataformas y asociaciones que luchan contra la invasión de macroproyectos de energías renovables eólicas y solares; de explotaciones mineras; de macrogranjas de ganadería industrial y de plantas de biogás, que invaden peligrosamente el territorio rural vaciado. También participan colectivos en defensa del agua, en constante riesgo de contaminación.
Se suman a la movilización grupos en defensa del ferrocarril, asociaciones que exigen inversiones en infraestructuras de carreteras, defensores de los servicios públicos rurales y quienes demandan políticas eficaces para un desarrollo rural sostenible.
En la rueda de prensa celebrada este jueves, varios representantes de los colectivos convocantes expusieron las motivaciones que los llevarán a confluir el próximo 5 de octubre en una gran manifestación en Madrid.
Pepe Polo, de la Federación de asociaciones vecinales de la provincia de Teruel, declaró: «Estamos ante una de las más importantes agresiones al mundo rural que hemos sufrido». Denunció que, pese a los más de 13 estudios sobre despoblación elaborados por instituciones como el Congreso, el Senado, la FEMP, el Defensor del Pueblo o la Unión Europea, las propuestas no se han traducido en acciones concretas. «Lo que nos llevó el 31 de marzo de 2019 a ocupar Madrid convocados por la Revuelta de la España Vaciada».
Se sienten instrumentalizados, ya que los recursos y energía de sus tierras se explotan para otras zonas, dejando un legado de contaminación y destrucción. La frase «sois pocos y tenéis mucho espacio» resuena como una velada amenaza a su permanencia en el territorio. Denuncian además que los fondos europeos Next Generation están siendo desviados para el beneficio de lobbies económicos, perpetuando esta invasión destructiva del campo.
Polo destacó que la situación ha empeorado porque «se han agravado las agresiones al territorio, sobre el que recaen cientos de macroproyectos». Las plataformas participantes están unidas por un objetivo común: «defender nuestros territorios de las compañías energéticas, mineras, cárnicas y de residuos industriales, que sacrifican cultivos, tierras, agua y bosques para el monopolio empresarial y los gobiernos». «Estamos ante un modelo extractivista colonial que queremos revertir, porque su deriva es suicida».
Rosa Pardo, de Aliente (Alianza Territorio y Energía), denunció que el modelo actual de transición energética es fallido y devastador. Criticó las macroinstalaciones eólicas y solares que destruyen el medio ambiente, el paisaje y el suelo agrario, beneficiando a fondos de inversión extranjeros. Alertó sobre la concesión de utilidad pública a empresas con mínimos capitales sociales, lo que facilita expropiaciones y elimina controles ambientales.
Desde Aliente se proponen alternativas sostenibles, como el uso de suelos degradados, vertederos o tejados para el autoconsumo energético, ya implementadas en países como Alemania, Sudáfrica, Australia o Japón. «Los gobernantes están vendiendo el país por cuatro perras», denunció.
Desde la plataforma Abrazo al Agua, Jesús Cutillas denunció la contaminación del agua con nitratos, fosfatos y pesticidas por parte de la agroindustria y la ganadería industrial. Las sanciones son mínimas, lo que perpetúa la impunidad. También alertó sobre el acaparamiento de derechos de riego y agua, que lleva a la desecación de manantiales y puede provocar éxodos rurales por falta de agua potable.
Los colectivos contra el biogás y las macrogranjas, representados por Aurora Vilariño (Stop Biogás España) y Joao Teixeira (Stop Biogás Machacón), explicaron que estos proyectos impulsados por fondos europeos representan un modelo contaminante, basado en una falsa economía circular. Se alimentan de residuos y cadáveres, producen fertilizantes sin control y saltan controles ambientales con Reales Decretos Ley. En cuanto a las macrogranjas, denunciaron su impacto en la salud, el medio ambiente, el maltrato animal y la baja calidad de la carne exportada. Desmienten que las plantas de biogás resuelvan el problema de los purines.
Las plataformas antiminas, representadas por Eugenio Campanario, alertaron sobre el auge del sector minero impulsado por políticas europeas. Las minas suponen contaminación, destrucción del paisaje y especulación financiera, sin beneficios reales para la población local. Denuncian la complicidad institucional en la promoción de estos proyectos.
La Revuelta de la España Vaciada también participa en este movimiento social, sumando sus reivindicaciones históricas: inversión en ferrocarril convencional, construcción de autovías y carreteras planificadas, y mejoras en los servicios públicos rurales, especialmente en sanidad. «Ser pocos no resta derechos», recuerdan.
La rueda de prensa concluyó con un llamamiento a la unidad y movilización. La manifestación del 5 de octubre en Madrid será un «grito y un puñetazo en la mesa» dirigido a los responsables políticos. Bajo el lema "Salvemos el mundo rural agredido", se busca involucrar a toda la sociedad, rural y urbana, porque «es un problema que nos compete a todos» y del que depende el futuro del país.
