La Delegación del Gobierno sigue sin pronunciarse aunque se reúne hoy con UAGA
Han pasado quince días desde que Norbert Feher (Igor el Ruso) asesinó a José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero en Andorra. Días antes, el 5, dejó a dos albalatinos heridos por arma de fuego. Las críticas a cómo se gestionó la captura del criminal se siguen endureciendo y la sociedad, apoyada por diferentes colectivos y partidos políticos como CHA, Podemos e Izquierda Unida, exige dimisiones que ni llegan ni se plantean, al menos por el momento.
El Ruso estuvo escondido en el monte de Albalate hasta que volvió a actuar en la tarde del 14 para cobrarse tres vidas. Las preguntas sobre si se pusieron los medios suficientes entre un tiroteo y otro son cada vez más, pero las respuestas, nulas.
Todas se dirigen a Delegación del Gobierno en Aragón y Subdelegación en Teruel pero desde ambas se acogen al secreto de sumario de la investigación transformando el silencio inicial en hermetismo.
Desde Delegación se emplazó a UAGA «a una reunión esta semana». De este futuro encuentro solo ha trascendido el día que, tal y como confirmaron ayer desde Delegación, será este viernes. Y poco más. De hecho, salvo cambios de última hora y según las mismas fuentes, no está previsto convocar a los medios de comunicación.
Los antecedentes de esta invitación se ubican en el viernes pasado cuando el sindicato agrario, al que pertenecía Iranzo, registró una petición formal para la apertura de una investigación.
Nada más producirse los hechos, desde UAGA anunciaron que se personarían como acusación popular en el caso. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), por su parte, lo harán como particular.
«Creemos que tenemos derecho a pedir justicia. Tenemos indicios de que las cosas no se hicieron bien pero para corroborarlo necesitamos tener la información», dijo el secretario de UAGA, José Manuel Penella. Lo dijo el sábado en la multitudinaria marcha que los amigos de Iranzo organizaron en Andorra y lo recordó ayer. El sindicato realizó balance agrario en Teruel y al ser preguntado por los medios, Penella aseguró que irán hasta el final y que «dejan la puerta abierta a la vía penal si es preciso».
En espera están también los ayuntamientos de Albalate y Andorra, que ya solicitaron la información a Delegación y a Subdelegación tras la tragedia.
Quien sí se ha pronunciado ha sido el Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel. Antonio Arrufat valoró el dispositivo como «insuficiente». Para Arrufat, dos heridos deberían haber bastado para desplegar las unidades especializadas. «No sabemos lo que hubiera pasado porque hablamos de un asesino con experiencia militar pero creo que los dos guardias civiles fueron los paganos», dijo. Reclamó al Ministerio del Interior -como autoridad competente- que cubra las plazas vacantes en los cuarteles. «En los Presupuestos Generales del Estado tiene que haber una cantidad para que tengamos más vigilancia en el medio rural y que no pase lo que pasó, que fue un asesinato», concluyó.
También han hablado desde los grupos políticos para pedir «responsabilidades y dimisiones». A la petición de dimisión del Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde -que tampoco se ha pronunciado al respecto-, por parte de CHA, se añaden IU y Podemos Aragón quienes avanzan además que en el Congreso de los Diputados pedirán explicaciones al ministro Juan Ignacio Zoido y el cese del Secretario de Estado de Seguridad. En el mismo escenario, el Congreso, el diputado socialista Ignacio Urquizu registró una batería de preguntas sobre el dispositivo y también sobre qué medidas se adoptaron por parte del Gobierno tras recibir la comunicación de las autoridades italianas de que Feher podía estar en España. El PAR pidió a DGA que se reúna con Interior para atajar el problema de la falta de efectivos en el medio rural.
Más robos en Navidad
Lejos de acabarse, los asaltos a masicos han continuado y durante la semana se han presentado varias denuncias en la Guardia Civil. Vecinos de Albalate notificaron que en los días de las celebraciones de Nochebuena y Navidad varias viviendas fueron forzadas y de ellas los ladrones se llevaron algunas herramientas en algunos casos, o nada en otros.
Al margen de los graves acontecimientos, el día a día de muchos pueblos está salpicado por robos. Asaltos que en el medio rural se han normalizado. «Estamos hartos porque muchos son reincidentes. Creo que se deberían endurecer las leyes porque, con la excusa de que son pequeños hurtos, no les hacen nada», denunció un vecino. «De primeras, aunque no se lleven nada, te rompen las puertas», añadió.
La falta de efectivos ha hecho que, desde marzo, se haya reducido el horario de atención directa al ciudadano en los cuarteles del Bajo Aragón. En la provincia hay 32 con 620 agentes, una cifra insuficiente. Al menos, un centenar menos de la teoría. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), para una correcta cobertura, deberían ser 900.
Desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) apuntan a la reestructuración e invitan a analizar si es mejor que haya decenas de cuarteles desperdigados o menos, más grandes y, sobre todo, bien equipados de agentes y de material. No obstante, mientras el modelo siga siendo el que es, denuncian que no se mejoren las condiciones de los propios cuarteles. «En algunos sitios los edificios están igual que en los años 30 del siglo pasado, no hay siquiera un mantenimiento», dijo el portavoz, José Cobo. «Mejorar la situación es mejorar la seguridad nuestra y la de los ciudadanos y que eso cambie es una cuestión política», añadió.
Material obsoleto y compartido
Además de la cantidad de efectivos, lo sucedido ha puesto en entredicho el material con el que cuentan los agentes que trabajan en el territorio. En el caso de los chalecos antibalas, sí que se garantiza que en cada cuartel haya unidades suficientes para los agentes de servicio. Pero, ¿qué sucede si en una emergencia se activa a todo el cuartel? Se trata además de chalecos compartidos y, por lo tanto, las tallas no se ajustan. «El caso de las mujeres es vergonzoso porque hay que tener en cuenta contornos y copas y, hasta hace un año ni siquiera había específico», denuncian desde AUGC. Algunos agentes optan por comprarse el suyo pero se atienen a un correctivo ya que la normativa «prohíbe el uso de cualquier material ajeno al cuerpo».
Desde la AEGC aseguran que esto es una cuestión de desigualdad. «La Policía Nacional entrega el suyo personal a cada agente al salir de la academia. Nosotros tenemos que estar pidiendo, somos los últimos para todo», denunció Cobo. Por contra, se asume que los agentes adquieran su propia funda para el arma. Una con anclajes y que sea de extracción rápida ya que la que se entrega «deja mucho que desear».
Por otro lado, la provincia de Teruel es de las pocas que quedan sin tener una Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). En breve entrará en servicio porque ya se ha convocado una docena de plazas y solo queda destinar a los agentes. Esta unidad se encarga de tareas específicas de mayor peligro, como por ejemplo, control en la carretera de drogas y/o armas o registros con orden judicial que entrañen un peligro añadido. «Los agentes tienen algo más de medios y más formación», dijeron desde la AUGC. Se añaden unos quince agentes que trabajarán desde la Comandancia en Teruel y que, además de sus operativos, servirán de apoyo.