El sindicato de Guardias Civiles y UAGA se personarán como acusación

AUGC habla de «responsabilidades políticas»; y el sindicato agrario pide investigar por «negligencia» a Guardia Civil

¿Por qué no se puso en marcha un operativo con agentes especializados para buscar a un criminal con un arma que disparaba a matar? ¿Porqué no se prohibió a los vecinos estar en el campo? ¿Cuál fue con exactitud el dispositivo? Son muchas las incógnitas que siguen planeando casi una semana después del brutal asesinato de tres jóvenes en Andorra por lo que crece la presión para que se investigue si falló algo en el dispositivo después de que las primeras pesquisas tras el tiroteo de Albalate ya había indicios claros de que el atacante no era un simple ladrón.

UAGA y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) piden que se depuren responsabilidades porque «alguien» no visualizó el peligro de tener durante más de diez días a una persona en el monte con un arma corta. También se personarán como acusación en la vista pública del homicidio. El sindicato agrario, que incluso habló ayer de «negligencia» por parte de la Guardia Civil, lo hará como acusación popular. Por su parte, AUGC hará lo propio como acusación particular si recibe autorización de las familias. Ya ha iniciado los trámites para ello.

AUGC abre una investigación interna

Paralelamente, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha iniciado una investigación interna. Quieren saber si algo falló y por qué no se inició un dispositivo de búsqueda con medios especializados como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) o los Grupos de Acción Rápida (GAR) cuando se produjo el primer tiroteo en Albalate el día 5. No obstante, el secreto de sumario del caso les impide acceder a toda la información necesaria. AUGC no descarta que haya «responsabilidades políticas», al ser los responsables máximos del cuerpo de la Guardia Civil pese a que ayer el subdelegado del Gobierno, José María Valero, no asumió ayer ninguna responsabilidad en el dispositivo (ver página 3). También se muestran «indignados» porque el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, aseguró tras el triple asesinato que el dispositivo especial se iba a poner en marcha el viernes. «Hay alguien que no visualizó el peligro de que había una persona por el monte de Albalate con un arma corte y que disparaba a matar», aseguran desde la asociación.

Denuncian que durante los diez días solo trabajaron en el operativo agentes de los equipos ROCA y algún refuerzo de compañeros de los cuarteles de la zona, en grupos de, como máximo, ocho personas. Además, por la noche no actuaban. A la falta de un operativo con especialistas de otros grupos se le suma el recorte de efectivos que el cuerpo de la Guardia Civil ha sufrido en los últimos años. En 2011 en la provincia de Teruel había 765 agentes y hoy fluctúa entre 600 y 615 de los que solo 450 prestan servicio fuera de oficinas.

En la misma línea se mostró ayer el sindicato UAGA. La organización agraria reclamó que se abra una investigación interna en la que se aclare lo sucedido y poder conocer las «actuaciones realizadas y las no realizadas». «Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como los responsables políticos, debían haber pensado en la seguridad de los ciudadanos cuando ocurrió el primer tiroteo el día 5 en Albalate del Arzobispo y quizá no habría pasado lo del día 14», criticó ayer el secretario general de UAGA, José Manuel Penella en la rueda de prensa del balance de 2017 que también sirvió para hacer un reconocimiento público a la labor sindical que realizó Iranzo desde el sindicato UAGA durante más de quince años.

Por su parte, DGA también afirmó ayer que comparte «la preocupación» ciudadana tras los tiroteos y se comprometió a hacer llegas las quejas al Ministerio de Interior.