Ciudadanos presentó una PNL para enviar a Madrid un informe ambiental en el plazo máximo de un mes
Las Cortes de Aragón dieron ayer luz verde a reclamar al gobierno central la ejecución de las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra para uso industrial, agropecuario y consumo propio. Fue una propuesta debatida en la Comisión de Desarrollo Rural, presentada por Ciudadanos y votada a favor por todos los grupos excepto por el Grupo Podemos Aragón, cuyos diputados se abstuvieron después de que se rechazase la enmienda que presentaron.
La Proposición No de Ley (PNL), defendida por el diputado turolense Ramiro Domínguez, instaba al Gobierno de Aragón a reclamar a Madrid que inicie cuanto antes la segunda fase del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra, después de que se ejecutase la primera y la segunda –para la que se contempla una inversión de unos 22 millones de euros– haya quedado pendiente. «Creo que es un proyecto muy interesante, que puede afianzar el futuro de Andorra y es un proyecto que debemos tener todos en la cabeza como futurible de cara a la reindustrialización de las zonas mineras», dijo el diputado de Ciudadanos.
Todos los grupos votaron a favor de la propuesta criticando las palabras del consejero Olona, que en marzo de 2016 anunció que trasladarían a Madrid la necesidad de retomar el proyecto. Sin embargo, los argumentos de Ciudadanos no convencieron a Podemos, que pidió que se estudie si realmente la población podría hacer frente al coste que supondría el proyecto. Marta de Santos. «Hay que impulsar y realizar los estudios oportunos para conseguir que la dotación hídrica precisa para esas poblaciones llegue en el menor tiempo posible. Para ello hay que tener en cuenta los costes de amortización y quiénes deberán asumirlos, en virtud de la directiva marco del agua así como alternativas basadas en las infraestructuras ya existentes o de nuevas masas de agua que no se han explorado», dijo Marta de Santos, diputada de Podemos. Aseguró, además, que estamos en el momento «económico, social y medioambiental para replantearnos todas las infraestructuras que llamamos históricas, y este es un buen ejemplo», dijo.
Por su parte, el diputado socialista Darío Villagrasa confirmó que el 9 de febrero, el Instituto Aragonés del Agua envió al Ministerio de Agricultura el informe necesario para que se retome el proyecto de la elevación de aguas del Ebro. Patricia Luquín, del Grupo Mixto, lamentó que de todas las comarcas de Aragón, las Cuencas Mineras han sido las más maltratadas; Lucía Guillén (PAR) instó a no hablar de trasvase con Cataluña teniendo en cuenta que en la Comunidad aún quedan zonas con problemas de agua y, finalmente, Miguel Ángel Navarro (PP) presentó una enmienda in voce para reclamar a DGA a que se coordine con Madrid para sacar adelante el proyecto (en el caso de esta enmienda, Ciudadanos tampoco le dio el visto bueno).
Cabra hispánica
Por otra parte, también en la Comisión de Desarrollo Rural se debatió un texto del PP, expuesto por Miguel Ángel Navarro, en el que se solicitaba «un plan sanitario de emergencia para casos de transmisión de sarna sarcóptica a otras especies», «un plan de control forestal frente a la expansión de esta especie» o «medidas de compensación a los agricultores que soportan los continuos destrozos que esta especie genera en los cultivos y a los ganaderos en caso de afección de esta enfermedad». Finalmente la propuesta no salió adelante al contar con el voto contrario de PSOE, Podemos y Grupo Mixto, mientras que el PAR apoyó todos los puntos y Ciudadanos en lo referente a la enfermedad.
El socialista Enrique Pueyo aseguró que «se está trabajando en este aspecto desde la consejería». «Han venido aquí a crear una alarma social que no existe. No hay ningún contagio», ha asegurado este portavoz. La diputada de Podemos Marta de Santos calificó como «compleja» la «lectura de la iniciativa». «Al no tener casos, el primer punto se nos ha caído ya. En el segundo, se nos ha olvidado que hablamos de la enfermedad. No tiene ninguna lógica»,criticó.
Desde el PAR, Lucía Guillén pidió que «no se mezcle esto con otros problemas como la superpoblación de esta especie, su utilización como reclamo de la actividad de caza deportiva o los daños en actividades como la agrícola». «Serviría para un totum revolutum difícil de manejar», añadió. Por parte de Ciudadanos, Ramiro Domínguez comentó que «es innegable que hay infinidad de daños y se ha multiplicado por treinta la cantidad de cabra hispánica», pero ha calificado el texto como «muy dudoso». La posición del Grupo Mixto la fijó Patricia Luquin (IU), que recordó que «no hay ningún caso» de esta enfermedad en Aragón. «Los daños en los cultivos y los accidentes de tráfico no tienen que ver con que haya sarna o no», aseguró.