El 76% de las farmacias ubicadas en micromunicipios rurales (de menos de 800 habitantes) se encuentra en situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC). La supervivencia de una de cada tres de estas farmacias está en riesgo, una problemática frente a la que el sector solicita establecer «un plan de medidas que puedan garantizar su sostenibilidad».
Estas son algunas de las conclusiones del informe ‘Aportación de valor del modelo de farmacia a la cohesión social y el reto demográfico’, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado en la jornada ‘Farmacia: Cohesión Social y Salud Pública’, celebrada este martes en el Senado bajo la organización del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
En España hay 22.198 farmacias, y el 20% de estas (4.422) se encuentran en municipios de menos de 5.000 habitantes. Atienden así a 5,6 millones de personas, lo que se traduce casi en el 10% del total de la población. Estas suponen un impacto económico de casi 1.600 millones de euros anuales, de los cuales un 32,6% proviene de la actividad generada por aquellas que se ubican en los micromunicipios rurales. Aportan 23.600 empleos a jornada completa y, por cada euro que generan, el conjunto de la economía española se beneficia en 4,30 euros en efectos totales. Todo ello bajo un efecto multiplicador superior al de otros sectores productivos, lo que pone de manifiesto la capacidad tractora de la farmacia sobre otras actividades.
También contribuyen a la accesibilidad de los medicamentos en igualación de condiciones, así como a fijar población, especialmente femenina y joven. Según especifica el estudio, entre 2008 y 2021 los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes perdieron población y vieron aumentar su tasa de paro. Sin embargo, en aquellos municipios con farmacia, las variables demográficas y los puestos de trabajo decrecieron mucho menos que en los municipios que no disponían de este servicio sanitario.
Siguiendo las estadísticas, podría afirmarse que su implantación rural es extensa y de gran beneficio, aunque esta también se encuentra en riesgo. El 8,5% de las farmacias se encuentra en pueblos de menos de 800 habitantes. El 96,8% es de un solo titular y no hay empleados y de éstas últimas, 530 se encuentran en situación de viabilidad económica comprometida, suponiendo un 76% del total de las farmacias con problemas, es decir, una de cada tres.
Además, pese a que ofrecen los mismos servicios asistenciales que en las ciudades, estas también se enfrentan a situaciones adversas en el desarrollo de su actividad relacionadas con problemáticas sociodemográficas, económicas y de infraestructuras que han afectado todavía más a su viabilidad económica.
Todos estos datos fueron motivo de debate en una mesa redonda que fue moderada por Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La COMARCA. En ella participaron el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, el cántabro Secundino Caso, así como senadores de varios grupos políticos en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico: el salmantino Francisco Díaz, portavoz del PSOE; el soriano José Manuel Hernando, portavoz del PP; el navarro Alberto Catalán, portavoz del grupo Mixto de UPN; y Beatriz Martín, de Teruel Existe. De hecho, fue este último partido el que solicitó la creación de una ponencia especial sobre la farmacia rural en la Comisión de Despoblación del Senado donde abordar las medidas que puedan garantizar su sostenibilidad y atender sus propuestas más allá de la Jornada celebrada este martes.
Se necesita más voluntad política
Martín destacó la profesionalidad y cercanía de los farmacéuticos rurales, «que no sólo conocen perfectamente la pauta médica de la población que atienden y están integrados en la convivencia social, sino que son conscientes de las carencias de servicios que existen y se adaptan, a pesar de que su negocio nunca alcanzará la rentabilidad que pueda tener en el ámbito urbano e incluso pueden pasar por situaciones comprometidas de viabilidad». Martín afirmó que «en las zonas rurales sabemos que su actividad trasciende de la mera dispensación de medicamentos; realizan una función social que es esencial y lo valoramos».
Coincidieron con ella el resto de asistentes políticos, para quienes se hace imprescindible un plan específico para abordar este servicio en los lugares de menor densidad de población, así como en la necesidad de aplicar el ‹Mecanismo Rural de Garantía› a la legislación relativa a esta rama de la sanidad. En cuanto a medidas concretas, Martín hizo referencia a las ayudas al funcionamiento de empresas en las provincias de Soria, Teruel y Cuenca, que, pese a aplicarse con cifras mínimas, por primera vez se ofrece con una fiscalidad diferenciada en base a la grave despoblación que sufren estos territorios en el ámbito europeo. Son ayudas a las que pueden acogerse las farmacias rurales de estas provincias para la contratación de personal en régimen general que deban realizar. También demandó mayor celeridad en la extensión de la conectividad por todo el territorio, a través de planes como el ÚNICO, para garantizar que el trabajo en estas farmacias se pueda desarrollar con calidad y condiciones de equidad.
Además, trasladaron que si bien existe concienciación sobre la relevancia del papel de las farmacias en el ámbito rural, hace falta una mayor voluntad política para aplicar medidas efectivas e integrarlas en las políticas sanitarias. En concreto, Martín afirmó que es necesario «el cambio del modelo de desarrollo, que ponga sobre la mesa el problema de Estado tan grave que conlleva la despoblación y que requiere de medidas efectivas y contundentes para revertir el problema».
