Después de cuatro días de juicio, los acusados deben esperar al veredicto final. Se enfrentan a penas de varios años de inhabilitación, multas, e incluso prisión
El juicio de la Herradura de Caspe se ha estado desarrollado en el Juzgado de lo Penal número 7, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza durante esta semana. En la primera sesión del lunes, los cinco acusados declararon que desconocían que los terrenos de La Herradura tenían la condición de protegidos. Además, insistieron en que ignoraban la condición "de alto valor cultural" y "de gran significación ambiental", que el PGOU otorgaba a la zona en el momento del delito. Por su parte, la acusación presentó varias pruebas contradiciendo estas afirmaciones.
"Nuestras pruebas son muy consistentes mientras que ellos han intentado vender mucho humo", afirma el abogado de la acusación particular, Antoni Valls. Por su parte, uno de los abogados de la defensa sostiene que no han quedado muy claras algunas pruebas de la acusación: "Los acusados nunca supieron que el terreno era no urbanizable, ha habido numerosas contradicciones en las intervenciones de los testigos", ha señalado Abo Valentín Romero, abogado defensor de Maria Isabel García, una de las acusadas. "Durante el tercer día de juicio, hemos podido comprobar que, a pesar de lo que ha dicho algún testigo, no hay nada que demuestre que ha habido ilegalidad".
Durante la jornada del martes testificaron varios testigos que las acusaciones consideran claves para el esclarecimiento de los hechos, como varios trabajadores del Ayuntamiento de la localidad en la época, entre ellos otro exconcejal popular, una oficial mayor y una arquitecta municipal. "Todo el pueblo sabía que La Herradura estaba protegida", aseguró durante el juicio Javier Sagarra, exalcalde y exconcejal perteneciente al partido Popular e Independientes. "En las 45.000 hectáreas que tiene el término municipal de Caspe, solo hay dos puntos protegidos, que aparecen señalados como tales en los planos". Por su parte, también participaron como testigos varios agricultores de la zona, quienes insistieron en la inocencia de los acusados, explicando que nadie conocía la especial protección de estos terrenos.
El miércoles declararon los peritos propuestos por las partes y se presentaron informes y documentación importante para el desarrollo del juicio. Las conclusiones llegaron ayer, cuando los acusados tuvieron su última palabra. Tanto la exalcaldesa como las otras cuatro personas acusadas volvieron a reiterar su inocencia y aseguraron que estaban muy tranquilos en que se haría "justicia". A partir de este momento, el caso La Herradura queda visto para sentencia, una década después de haber impuesto la querella criminal. Los abogados de ambas partes calculan que se puede conocer el veredicto final de aquí a pocas semanas.
Durante el juicio, el ministerio público ha reiterado que considera a los cinco acusados como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y solicita cada uno de ellos una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 4.320 euros. Además, ha pedido que se destruya la edificación ilegal y los acusados paguen de su bolsillo los costes de demolición.
La acusación particular ha vuelto a pedir para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación por el delito de prevaricación urbanística. También pide el derribo de los edificios levantados sobre terrenos protegidos, cuyo coste cifra en alrededor de 355.100 euros.
Por su parte, la totalidad de las defensas han solicitado de nuevo la libre absolución de sus representados, aludiendo que "no cometieron ningún delito" en el 2002.
Más de 20 personas involucradas
En un principio fueron acusadas hasta una veintena de personas, pero en el banquillo se han sentado al final solo cinco de ellos: María Teresa Francín, exalcaldesa socialista de Caspe entre 1999 y 2011; María Isabel García y Félix Cortés, exconcejales caspolinos que ejercieron como tenientes de alcalde durante varias legislaturas; Carlos Manuel Miret, que fue arquitecto municipal de 1985 a 1995 y de 2001 a 2004; e Isabel Arnal, quien ejerció como secretaria del Ayuntamiento de Caspe durante los mandatos de Francín. A todos ellos se les acusa de prevaricación en la concesión de una licencia urbanística a una empresa para instalar una central hortofrutícola en los parajes conocidos como La Herradura, definidos como «suelo no urbanizable protegido» por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, aprobado en 1987.
