El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023–2027 no es solo una línea de ayudas para Aragón: funciona como una palanca de transformación en el medio local. Su previsión final apunta a una inversión global de 575 millones de euros, dentro de un modelo de financiación que ha contado con reconocimiento expreso de su buena gestión en periodos anteriores. Pero, más allá de las cifras, el plan busca dejar una huella concreta en el territorio: más empleo, más jóvenes incorporados, explotaciones más modernas y una red de iniciativas público-privadas que ha impulsado a la población rural aragonesa.
En este contexto, la innovación aplicada al campo aragonés se ha convertido en una herramienta decisiva para abrir nuevas oportunidades comerciales. Por ejemplo, lo que comenzó como el grupo operativo CEREZA+i, coordinado por la empresa Cardona y Celma en Caspe, nació con un objetivo muy concreto: prolongar la vida útil de la cereza para poder llegar a mercados más lejanos sin perder calidad. Gerardo Balaguer, director técnico de la empresa, explica que el trabajo no se centró en «mejorar la cereza en el almacén, sino hacerlo desde el campo», ajustando el manejo hídrico y nutricional de las parcelas.
¿El resultado? La cereza pasó de mantenerse en buenas condiciones de 12 a 40 días, lo que abría la puerta al transporte marítimo de larga distancia y a destinos de alta demanda como China.
Asimismo, más allá de lo puramente material, las inversiones del PEPAC también marcan una dimensión humana mucho más directa, donde cobra sentido apuntalar y dar continuidad a los legados familiares del campo. Sara Lorente es un ejemplo de ello desde Monreal del Campo. Su explotación abarca trufa, almendro, cereal, ganadería porcina, y una dedicación que exige no solo planificación, sino asesoramiento técnico para sacarla adelante. «Porque la PAC ya no se puede abordar como un trámite más, sino como una parte central de la viabilidad del negocio», indica.
Otro testimonio de buenas prácticas es el de Elvira Samper, joven agricultora en Caspe, que representa la nueva generación del campo. Ella no solo buscaba un modo de vida, quería además poner al día su explotación, en concreto, dando un salto en la digitalización de los procesos. «Es un sector difícil, pero también muy enriquecedor. Quizá ahora, con lo que he aprendido, matizaría algunas cosas, pero no cambiaría la decisión de volver a incorporarme».
A esa lógica de superación responde también La Calandina, una cooperativa que ha contribuido de manera decisiva a transformar la economía agrícola de la zona de Calanda. Su presidente, Ramón González, subraya que la suma de agricultores al proyecto «ha permitido defender mejor el producto y afrontar inversiones que, sin ayudas, habrían sido inasumibles». En apenas un cuarto de siglo, la entidad ha pasado de mover un millón de kilos de fruta a superar los 6,5 millones, un salto que refleja el impacto de permanecer unidos.
Esa orientación refuerza una idea que atraviesa todos los testimonios: cuando las políticas públicas se diseñan desde el territorio y para el territorio, el resultado no es solo una ayuda puntual. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023–2027 ya ha ayudado a cubrir las necesidades de varios proyectos de vida que explican mejor que cualquier balance administrativo por qué el campo sigue siendo una cuestión de estado. Ha demostrado que conservar, producir y habitar el territorio no son objetivos contrapuestos. Son, precisamente, las condiciones para que Aragón siga teniendo futuro en sus pueblos.
