El Ayuntamiento de Caspe seguirá sin poder retirar las placas y símbolos «preconstitucionales» que se encuentran ubicadas en la pared exterior de la Colegiata Santa María La Mayor, junto a la conocida puerta del Caritatero. Esta es la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón después de que el propio consistorio caspolino haya recurrido la sentencia.
La polémica se remonta al año 2015, cuando el pleno municipal de Caspe aprobó (con el apoyo del PSOE que gobernaba en ese momento, además de los grupos de CHA y Aragón Sí Puede y con el rechazo del PP) una moción presentada por Aragón Sí Puede por la que se acordaba la retirada de dichos «símbolos preconstitucionales», acompañados por nombres de personas, que se encontraban en un lateral del famoso templo caspolino. Acordaron en el pleno colocarlas «o bien en el interior de la misma Colegiata, o en el cementerio de la localidad».
Esta decisión gustó a muchos vecinos pero también indignó a otros cuantos, especialmente a los familiares y allegados de las personas cuyos nombres aparecen en dichas placas. Un pequeño grupo de ellos decidió entonces demandar al consistorio en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº5 de Zaragoza.
La sentencia resultante de esta denuncia fue que se podrían «quitar parcialmente algunos símbolos, como el escudo nacional», porque, según dicta la Ley de Memoria Histórica 52/2007, existe un «extremismo» en dicha simbología. Sin embargo, anuló la retirada del resto: las placas relativas a los fallecidos, la cruz, y el escudo de Caspe ,ya que el juez confirma que son «un recuerdo privado».
El ayuntamiento recurrirá
La sentencia no gustó al Ayuntamiento de Caspe, que consideró una aplicación «inadecuada» del artículo 15 de dicha ley. Por ello, el consistorio decidió recurrir en 2017 al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Este mes de enero acaba de publicarse la resolución del recurso, en la que el TSJA sigue sin dar la razón al Ayuntamiento, y continúa apoyando los argumentos y la decisión del juzgado zaragozano, además de imponer las costas judiciales de 1.500 euros al consistorio caspolino.
«En este gobierno municipal creemos firmemente en la justicia y en la memoria democrática por lo que vamos a recurrir de nuevo esta decisión judicial al Supremo o donde haga falta», explica la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. «Además, si no retiramos dichas placas podríamos perder algunas subvenciones importantes en esta materia», añade.
El actual gobierno municipal, formado por PSOE y CHA, no descarta realizar otras iniciativas relacionadas con la Memoria Democrática en un futuro cercano, como la retirada de algunas calles con personajes de este periodo histórico.
¿De verdad van a volver a recurrir para quitar esas placas?. Increíble.
Seguir gastando dinero del Consistorio, dinero que sale de los impuestos de todos los caspolinos, por seguir «la memoria histórica».
¿Habría tanta prisa si figurasen nombres de otro color?.