El municipio de Blesa, con apenas 80 habitantes censados, se posiciona como enclave estratégico en el mapa de la transición energética con la llegada del proyecto fotovoltaico Navallo I. Esta planta solar, diseñada para generar 115 megavatios (MW) de potencia nominal, contempla una línea de evacuación que discurrirá por otros ocho términos municipales de Cuencas Mineras: Plou, Cortes de Aragón, Maicas, La Hoz de la Vieja, Vivel del Río Martín, Martín del Río, Utrillas y Escucha.
El objetivo es trasladar la energía producida hasta la subestación de Valdeconejos, gestionada por Red Eléctrica de España. La instalación ocupará una superficie total de 249,86 hectáreas.
Reacciones desde el territorio
Aunque los proyectos suponen un avance en términos de transición energética, no están exentos de controversia. Joaquín Moreno, alcalde de la capital comarcal, Utrillas, denuncia el «impacto grave» sobre zonas protegidas y critica que se prioricen proyectos que no generan empleo estable: «Se genera empleo cuando se instalan, pero es un trabajo de unos meses. Después, nada. No podemos sacrificar tantas hectáreas por un solo puesto de trabajo».
"El municipio está como está, la despoblación la tenemos y hay mucha gente a la que le beneficia, como al Ayuntamiento, ya que con esos impuestos que entran, nosotros, gracias al parque eólico que tenemos, hemos podido cambiar todo el alcantarillado, cambiar redes de agua y un montón de cosas que era insoñable que hubiéramos podido tener", explica Joaquín Miguel Calvo, alcalde de Blesa.
El edil añade que el impacto ambiental no es nuevo para la localidad. "Ya teníamos líneas grandes cruzando el término, esto son ciclos de la vida, y la agricultura y todo lo que tenemos aquí va a ser insostenible poder vivir de ello", ha añadido muy convencido.
Denuncia por TE al MITECO
El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el Ministerio para la Transición Ecológica por autorizar, mediante declaraciones de impacto ambiental favorables, dos nuevas plantas fotovoltaicas en Blesa: Navallo I (115 MW) y el proyecto adyacente Navallo II (50 MW), cuya autorización es inminente.
Ambas infraestructuras colindan con la planta ya existente de Valdenebro en Muniesa (42 MW), acumulando una presión energética sobre un territorio que —según denuncian— ya ha superado su capacidad de absorción. Las tres plantas se asientan sobre un área crítica de aves esteparias —incluyendo especies como el sisón y la avutarda—, y muy cerca de un área de recuperación de la alondra ricotí, todas ellas en peligro de extinción.
Teruel Existe señala que se ha incumplido el principio de precaución al sustituir medidas preventivas por compensatorias «insuficientes», que no garantizan la supervivencia de las especies. También denuncian que se ha fragmentado un solo macroproyecto en varias plantas para minimizar el impacto ambiental declarado.
A esto se suma la escasa creación de empleo que generan estas plantas. Como ejemplo, la planta Valdenebro en Muniesa solo emplea actualmente a dos personas, lo que refuerza la crítica de que estos desarrollos no revierten significativamente en el territorio.
Desde el colectivo ciudadano alertan sobre un modelo energético «permisivo», en el que los proyectos se valoran de forma individual como «compatibles», mientras el resultado acumulado transforma el paisaje, reduce la conectividad ecológica y pone en riesgo la fauna protegida.
Luz verde con condiciones ambientales
La declaración de impacto ambiental, emitida el 18 de diciembre de 2025, considera que el proyecto Navallo I es viable desde el punto de vista ambiental, siempre que se apliquen medidas preventivas, correctoras y compensatorias. Estas actuaciones buscan reducir al mínimo los efectos sobre el suelo, el agua, la fauna y los hábitats protegidos durante las distintas fases de desarrollo.
La instalación ocupará una superficie total de 249,86 hectáreas, en su mayoría asentadas sobre suelos agrícolas de cultivo herbáceo ubicados en una terraza fluvial de suaves pendientes. Aunque el proyecto no interfiere directamente con espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, se ubicará íntegramente dentro de la zona de protección del cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), una especie incluida en el catálogo de fauna vulnerable. Además, invade 174 hectáreas del área crítica para aves esteparias y se sitúa muy próxima al hábitat de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), una especie en peligro de extinción.
Tanto en la fase de construcción como en la de explotación, el Estudio de Impacto Ambiental valora como moderados los efectos sobre los hábitats faunísticos, las molestias a las poblaciones existentes y la posible afección a especies protegidas o de interés y sus áreas de protección. Durante la construcción también se contempla la eliminación directa de ejemplares, una afección que se califica como moderada, mientras que en fase de explotación este impacto se considera no significativo. A estos riesgos se suma el peligro de colisión y electrocución de la fauna, principalmente aves, una amenaza igualmente valorada como moderada.
En el análisis de compatibilidad con figuras de protección, el EsIA determina que durante la fase de construcción la afección a la Red Natura 2000 es compatible, aunque valora como moderada la incidencia sobre otras figuras. Esta última calificación se mantiene también durante la explotación, en la que se reitera la necesidad de extremar las precauciones, especialmente por la proximidad de la línea eléctrica al espacio ZEPA Desfiladeros del río Martín. Por este motivo, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental considera imprescindible garantizar la compatibilidad del proyecto con el plan de conservación de este espacio protegido, y exige que se implementen medidas como la instalación de salvapájaros, el seguimiento específico sobre avifauna y la compensación de superficies afectadas.
Además, el estudio recoge la necesidad de minimizar el impacto visual con pantallas vegetales y plantea una batería de medidas específicas en favor de la biodiversidad. La ubicación del proyecto en zonas críticas para la biodiversidad obliga a una vigilancia continua y a una evaluación rigurosa por parte de las administraciones competentes durante toda la vida útil de la planta.
