El campo de Caspe y comarca está viviendo una de sus campañas frutícolas más excepcionales de su historia. Más del 90 % de los temporeros que ayudan a que salga adelante son extranjeros, lo que ha supuesto un problema por el cierre de fronteras debido a la crisis sanitaria del coronavirus.
La gran mayoría de trabajadores temporales provienen de Marruecos, Rumanía, Paquistán y países del Magreb. A este complicado escenario inicial se le sumaron los inesperados costes de producción que ha supuesto la exigente normativa de la crisis sanitaria. A pesar de todo ello, este periodo de trabajo agrícola está saliendo adelante sin importantes incidentes en el campo caspolino.
Desde UAGA explican que el miedo a que no hubiera suficiente mano de obra durante el inicio de campaña a comienzos del mes de mayo desapareció enseguida ya que muchos trabajadores acudieron en masa a esta zona procedentes de comunidades autónomas limítrofes como Cataluña, Valencia, o el País Vasco.
La mayoría de ellos inmigrantes pero residentes en nuestro país. «Al final no ha habido ningún problema en la demanda de trabajadores, incluso creamos una bolsa de empleo pero no se ha utilizado prácticamente porque no ha habido muchas ofertas de las fincas y cooperativas», explica Laura Redondo, técnico de UAGA en Caspe.
Por otro lado, se ha notado un cambio en el perfil de temporeros. «Ya no contamos con los veteranos de otros años (los cuales venían desde su país de origen), que trabajan de manera rápida y eficaz y que ya conocen el sistema, para muchos ha sido su primera vez», explica el presidente de la Cooperativa Frutícola Compromiso de Caspe, Luis Ros.
«Los que más años llevan que han podido desplazarse hasta aquí están enseñando a los nuevos y eso supone un trastorno para todos, además los trabajadores deben atender el tema de la higiene y el distanciamiento social, aunque eso en el campo no está siendo complicado». Las medidas de protección de los temporeros y el trastorno en la actividad han supuesto una subida del coste de producción de hasta el 20% en muchas fincas como esta.
Para Ros la actual campaña está siendo como «una montaña rusa». Todavía dudan cómo va a salir este periodo ya que en el lado positivo están unos precios «más decentes, que no buenos» en el mercado, y unas previsiones halagüeñas dentro de los resultados habituales de otros años. «El miedo a no conseguir mano de obra que tuvimos al inicio de campaña ya lo hemos superado porque a comienzos de mayo vinieron muchos con permisos de trabajo y autorizaciones de desplazamiento desde otras comunidades autónomas, y han ido llegando poco a poco».
El desplazamiento de Rumanía a España ha sido más sencillo de realizar que los trabajadores que se encontraban en Marruecos. La mayoría no han podido participar en la actual campaña. Eso cuenta Salah Ait Imi, quien se encontraba en España en el momento que se inicio la crisis sanitaria y ha podido trabajar, sin embargo su hermano no ha tenido la misma suerte. «Llevamos trabajando en el campo unos 20 años y es la primera vez que no ha podido viajar, sino estaría aquí conmigo en el campo», explica el marroquí de 40 años.
Los temporeros Jamal Akouchad y Ahmed Korchi trabajan muy cerca de Salah en el campo de la Cooperativa Frutícola Compromiso de Caspe. «Estamos muy contentos aquí, se trabaja bien, no hemos notado muchos cambios con respecto a años anteriores, solo que tenemos que protegernos más del coronavirus», señalan.
Recogida de frutas de junio
En este momento se ha terminado la recogida de la cereza y está a punto de acabar también la del albaricoque. Ahora se comienzan a recoger las frutas típicas del mes de junio como las peras tempranas, los melocotones amarillos y rojos, o el paraguayo.
El tiempo no ha sido el idóneo para la presente campaña: el excesivo calor y las fuertes lluvias han afectado mucho a la cereza y al albaricoque. Tanto es así que algunas variedades no se pudieron recoger porque maduraron en el propio árbol. En la cooperativa caspolina ha habido unas pérdidas de hasta el 30% en la cosecha del albaricoque.
Digitalización de la agroindustria
Además de toda esta situación a pie de campo, desde las Cortes de Aragón se está trabajando para mejorar el sector agroindustrial. Tanto es así que el pasado jueves todos los partidos polícitos pidieron por unanimidad al Gobierno autonómico facilitar la incorporación de especialistas, entre los que se encuentran ingenieros, graduados o doctores, con formación en el sector digital para que las empresas, pymes, cooperativas y autónomos del sector agroindustrial aragonés puedan acometer los retos de la industria 4.0.
La propuesta legislativa fue defendida por la portavoz de Ciencia del Partido Popular Pilar Gayán, quien planteó extender la digitalización a este sector como herramienta imprescindible para mejorar su capacidad productiva: «En momentos como los actuales de fuerte crisis económica para mantener una posición reforzada ante un mercado a la baja, con cambios profundos en la manera de producir, comercializar y consumir los alimentos, y al que las empresas tendrán que ser capaces de adaptarse en el menor tiempo posible».
Los datos del sector agroindustrial aragonés exhiben fortaleza y dinamismo entre los componentes productivos de la Comunidad Autónoma. Representa el 10% del PIB regional y el 12% del empleo, engloba a más de 1.000 empresas con exportaciones superiores a los 1.700 millones de euros anuales y factura más de 5.200 millones.
Tal y como destacó Gayán en su intervención, la agroindustria posee un valor específico tanto para el crecimiento de la economía regional como para la vertebración del territorio y, sin embargo, «las inversiones de la Administración autonómica a este sector se han reducido casi a la mitad durante los últimos cuatro años».