Caspe acogió ayer la primera movilización de grupos de pescadores de la zona para hablar de la medida
Tras la aprobación del Plan General de Pesca de Aragón a principios de este mes de marzo, en el que se obligaba al sacrificio de especies invasoras, el sector de la pesca aragonés anunció su negativa a cumplir con esta normativa, que calificaron de «irracional», y anunció próximas movilizaciones, las cuales no han tardado en llegar. Ayer por la tarde, en la sede de la Asociación de Comerciantes (APEC), los distintos colectivos, plataformas y asociaciones del sector de la pesca, acompañados por instituciones y representantes públicos, llevaron a cabo una reunión donde se congregaron federados, pescadores e interesados para valorar la situación a la que se enfrentan a partir de ahora y concretar futuras estrategias.
El alcalde de Caspe, Jesús Senante, fue el encargado de abrir la sesión, compartiendo la opinión desde la ciudad del compromiso. «El embalse de Mequinenza, junto a sus siluros, carpas, percas, black bass, ahora son parte de Caspe», aseguró. «No podemos acabar con ellos así como así, para eso tendríamos que eliminar todo el embalse, y eso no puede ser».
Después, el coordinador naciona de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Agustí Albiol, cogió su relevo para asegurar que «los pescadores no pensamos rendirnos, llegaremos hasta el final para encontrar una solución viable, que no pase por acabar con las invasoras».
También asistieron al encuentro José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de la Pesca y Cásting, y Rosa Santos, senadora por el Partido Aragonés. Este partido ha hecho presión en muchas ocasiones sobre este tema desde la capital española para que la práctica de la pesca no se elimine de zonas como la comarca del Bajo Aragón-Caspe.
Reivindicaciones
La indignación de los pescadores ha ido creciendo durante este mes de marzo, desde que supieron que este nuevo Plan de Pesca les obligaba, tanto a ellos mismos como a los clubes, a encargarse de la muerte de los peces y de su transporte hasta un gestor de residuos orgánicos habilitado. «No somos asesinos, nosotros solo pescamos, no queremos asesinar a ningún pez», afirmó Mikel de Diego, de la Asociación Caspe Bass. A su vez, las localidades más afectadas de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe también criticaban la medida y recordaban las pérdidas que suponía para la zona. La actividad de la pesca supone unos ingresos anuales de más de seis millones de euros en esta comarca en concreto.
Ante todas estas reclamaciones, el Gobierno de Aragón contestó asegurando que la aplicación de la sentencia era «de obligado cumplimiento» y se comprometía a modificarla en caso de que Madrid cambiase la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
La primera acción que se realizó desde la Plataforma en Defensa de la Pesca fue la solicitud de una entrevista urgente con el presidente de Aragón, Javier Lambán, al que asistió su equipo, y al que no llegaron a ningún entendimiento. «Les explicamos la situación, lo entendieron, y nosotros comprendemos que hay que cumplir la ley», afirmó Agustí Albiol. «Lo único que pedimos es una modificación». La única esperanza se deposita ahora en Madrid y en la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
En la reunión de ayer recordaron que para el próximo 23 de abril, hay convocada una concentración y una manifestación en Zaragoza. Allí, el sector de la pesca pedirá «la dimisión inmediata de los políticos que votaron a favor de la pesca y luego legislan matando a peces».
