El Juzgado de lo Social nº4 de Zaragoza ha dado la razón a Alfredo Maranillo, excoordinador de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, quien denunció a la propia institución (en ese momento gobernada por PSOE y CHA, y liderada por el socialista Francisco Domenech) por "cese improcedente y acoso laboral" el pasado mes de mayo de 2019. El juez condena a la Administración con una indemnización de 6.000 euros y su readmisión en el mismo puesto.
Los hechos se remontan a octubre de 2018, cuando desde el área de Protección de la Infancia del Gobierno de Aragón decidieron retirar la custodia de los hijos de un vecino de Caspe, que, al parecer, vertió una serie de amenazas de extrema gravedad, alguna de ellas incluso de muerte, a tres trabajadores sociales que se encontraban en el edificio comarcal. Ante tal intimidación, los funcionarios decidieron llamar a la Guardia Civil exponiendo los hechos y posibles medidas de protección.
Fue entonces cuando los trabajadores se pusieron en contacto con el consejero delegado de servicios sociales de la Comarca para informe de lo acontecido y de las gestiones iniciadas con Policía Local y Guardia Civil. La Benemérita explicó a los trabajadores que las únicas medidas que se pueden establecer ante un riesgo o amenaza es denunciar los hechos e interponer, como medida cautelar, una orden de protección. En ese momento, la Comarca negó asistencia jurídica a las empleadas, algo que fue criticado socialmente y de parte de algunos partidos políticos.
A raíz de este problema comenzaron una serie de fricciones entre el gobierno comarcaly el departamento de Servicios Sociales, e incluso entre grupos políticos comarcales. En mayo de 2019, la institución comarcal cesó a la vez al al entonces coordinador de Servicios Sociales, Alfredo Maranillo y al consejero del PSOE Antonio Tudó, de todos sus cargos.
Ambas expulsiones motivaron las quejas de la Plataforma en defensa del Sistema público de Servicios Sociales Comarcales y el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón y de sindicatos como Comisiones Obreras. Estos colectivos denunciaron públicamente estos hechos e incluso organizaron una concentración, asegurando que se trataba de «despidos improcedentes» y un «capricho» del entonces presidente comarcal, Francisco Domenech. Algo que él negó desde un principio de forma totalmente rotunda.
Domenech ha reiterado durante todo el proceso judicial que la destitución de Maranillo fue una decisión necesaria «motivada por la necesidad de conseguir una adecuada organización en equipo del Servicio». «No entendemos nada de lo que está ocurriendo con este tema, se han dicho muchas mentiras y falsas verdades, es algo preocupante», opinaba entonces. Sobre la actitud del excoordinador ha explicado que se trata de «una deslealtad institucional» y una forma de «manchar el buen hacer de la institución comarcal».
Desde la institución comarcal se explicó en ese momento que las conversaciones con la plantilla de Servicios Sociales fructificaron en la designación consensuada de Elisa Rebled Cirac, Psicóloga del Centro, como nueva Coordinadora de los Servicios Sociales Comarcales. «Ahora se nota un buen clima de cooperación entre los trabajadores del área de Servicios Sociales, esto augura el mejor de los futuros en esta Comarca», señalaba Domenech después de su nombramiento. Rebled ha sido otra de las personas damnificadas por este asunto, ya que fue demandada, a la vez que la institución comarcal, por el propio Maranillo.
Decisión del juez
El juez ha afirmado en la sentencia que existe una "vulneración de derechos fundamentales" y que el cese de Maranillo "es ilícito". "La parte considera que vulnera este plus de vulneración de la garantía de indemnidad. Documentalmente constan acreditados los hechos relatados en la anterior sucesión y todo parte de la gestión efectuada del incidente de las amenazas sufridas por estos tres trabajadores, tal y como se puede comprobar en la lectura del acta de una reunión mantenida entre presidente y los miembros de Servicios Sociales", explica.
Lo que ha quedado acreditado, según apunta el Juez, es que la Comarca "no ha cesado al coordinador por causa concreta alguna, ni por ningún incumplimiento de sus deberes laborales de su puesto, sino que simplemente, a su voluntad, la Comarca lo ha cesado y, ante la constatación del indicio de que proviene de una previa reclamación de derechos de miembros del Equipo que dirige, desde ser considerada como una represalia".
Por tanto, la sentencia dicta que "tal acción además de constituir un cese ilícito, constituye una vulneración de la garantía de indemnidad y de derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y por ello el trabajador tiene derecho a ser indemnizado con 6.000 euros". También se condena a la Administración a reponer a Alfredo Maranillo en el puesto que antes ostentaba como Coordinador de Servicios Sociales. "Estoy contento con la sentencia, creo que por fin se ha hecho justicia", ha opinado el denunciante.
Por su parte, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp (que ahora cuenta con un gobierno distinto de PP y Cs, liderado por Joaquín Llop) ha recordado que la sentencia dicta su reposición en el puesto y la indemnización, a pesar que tanto la Inspección de trabajo, como el Ministerio Fiscal consideró "que no concurría vulneración de derechos fundamentales".
También apuntan a que la sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia y ratificado este recurso por consenso en el Consejo Comarcal celebrado el pasado 27 de octubre. Aunque la Comarca aunque no esta de acuerdo con el contenido de la sentencia, considera acatar la sentencia de forma provisional.
"Todos los grupos políticos que formamos parte de la Comarca (PP, Cs, PSOE y CHA) hemos estado de acuerdo en recurrir y defender a la institución ante esta decisión judicial", explica Cristian Poblador, vicepresidente del Bajo Aragón-Caspe.
