La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado el retraso en la exhumación de los cuerpos de dos víctimas del franquismo, en el cementerio municipal de Caspe. los restos se encuentran en dos sepulturas certificadas y corresponden a Joaquín Sancho Margelín y Elías Mohino Berzosa. La solicitud fue presentada ante el Gobierno de Aragón el pasado 13 de septiembre pero requiere de la autorización del Ayuntamiento al ser el propietario del cementerio, que está estudiando la petición para evaluar si se ajusta a la normativa vigente. Según explica el concejal de Patrimonio, Antonio Guiu, faltaría el informe de jurídico. Si es favorable, la solicitud seguiría su curso a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.
Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón han expresado su interés en atender las peticiones de las asociaciones de ejecutar las exhumaciones. "El año pasado pedimos su colaboración para priorizar estas actuaciones e intervenir donde haya interés", explican desde Patrimonio. Por su parte, Guiu ha añadido que el equipo de gobierno no va a negar estas peticiones: "Entendemos que la dignidad de víctimas y la reparación de los familiares es un derecho fundamental a salvaguardar".
Desde la ARMH también han afeado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España su inacción tras haber solicitado por primera vez, el pasado 11 de octubre, que interviniese para defender los derechos de las víctimas, en aplicación de su ley estatal. Sin embargo, y tras otras dos solicitudes, la institución "ha mirado para otro lado sin ejercer su mandato de ayudar a garantizar los derechos de las víctimas de la dictadura. Es inaceptable que las instituciones no actúen con la urgencia que requieren estos casos habiendo dos hijas vivas que también se han dirigido al Gobierno de Aragón", ha recriminado Emilio Silva, presidente de la asociación y nieto del primer desaparecido identificado genéticamente en España.
De hecho, el presidente ha recalcado que la urgencia está respaldada por los acuerdos de la ONU que están ratificados por el Estado español. "Una institución democrática que no lo hace demuestra que no ha aprobado ni primero de básica de derechos humanos", ha añadido.
Asesinados por la Ley de Fugas
En cuanto a los restos que se buscan son los de Joaquín Sancho Margelín, natural de la localidad turolense de La Codoñera, de 32 años y padre de dos hijas de edad avanzada que todavía viven; y de Elías Mohino Berzosa, natural de Molina de Aragón. Ambos fueron asesinados junto a Clemente Lostal Lahoz y José María Martín Comas el 12 de agosto de 1947, en aplicación de la Ley de Fugas, que permitía a las fuerzas del orden de la dictadura asesinar impunemente a cualquier sospechoso por la espalda, ha explicado la ARMH.
Según ha investigado la asociación, en1947 fue nombrado Gobernador Civil de la provincia de Teruel el general Manuel Pizarro Cenjor. Durante su mandato, llevó a cabo una brutal represión con el fin de desarticular las redes de la guerrilla, principalmente del AGLA (Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón).
Joaquín Sancho Margelí estaba siendo vigilado junto a otro grupo de enlaces colaboradores con la guerrilla. Se le acusaba de ser el primero que obtuvo el contacto con ellos aprovechando su situación de chófer de un camión con madera que hacía su ruta en las proximidades de la Masía «Mataví», considerado principal lugar del punto de apoyo de la guerrilla. También alegaron que tuvo múltiples reuniones con ellos y que les hacía llegar ropa, medicamentos y enseres que necesitaban; y que su casa servía de refugio para los guerrilleros que bajaban del monte y para los que llegaban desde Valencia.
Elías Mohíno Berzosa fue detenido el 26 de julio y tres días más tarde, el 29, se hizo una redada en la casa donde se hospedaba junto a más compañeros y detienen a Clemente Lostal Lahoz junto a otros. Al día siguiente, en un segundo registro, fue detenido Joaquín Sancho Margelí junto a José María Martín Comas, que logra escapar siendo detenido dos días después, el 2 de agosto.
Fueron trasladados a la comandancia y según consta en las declaraciones de la Guardia Civil en el «Expediente del Gobierno Civil de la provincia de Teruel, el día 12 de agosto, se realizó una emboscada en un lugar que indicaron los cuatro detenidos, en el término municipal de Caspe, asegurando que esa noche pasaría una partida de la guerrilla.
Hasta allí, se trasladaron en una furgoneta siete guardias civiles, un cuerpo general de policía y los detenidos. Al llegar al kilómetro 24 de la Carretera Alcañiz-Caspe, los detenidos manifestaron que ese era el lugar más cercano al punto donde pasaría dicha partida. A las 4.40 de la madrugada se detuvo la furgoneta y se procedió a esposar de dos en dos a los arrestados para bajar de la misma. En ese momento, la Guardia Civil manifestó que intentaron escapar y fueron asesinados en la huida. Una vez abatidos se avisó al juzgado de instrucción y se personó en el lugar para levantar los cadáveres.
Según se anotó en el expediente, toda la información sobre la localización de los detenidos la facilitó un conocido falangista de Alcañiz que fue posteriormente propuesto por el Gobernador Civil para una recompensa por su información.
descansen en paz