La Diputación de Zaragoza podrá incorporar al presupuesto de este año unos 70 millones de euros procedentes de su remanente de tesorería. En el pleno de este miércoles se ha dado cuenta de la liquidación de las cuentas de 2020, que permite que la institución disponga de unos 10 millones de euros más de los previstos inicialmente.
«El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 73,9 millones de euros, pero de esa cantidad habrá que destinar unos 700.000 euros a regularizar pagos a la Seguridad Social y aproximadamente otros 3 millones de euros a abonar subvenciones que se justificaron tarde y no se pudieron pagar con cargo al presupuesto del año pasado. Por tanto, finalmente nos quedarán unos 70 millones de euros», ha explicado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.
De esa cifra, unos 20 millones de euros se destinarán a suplementar las partidas que se dejaron sin dotación en el presupuesto inicial de este año precisamente para completarlas una vez que se puedan incorporar los remanentes de tesorería.
«Hablamos de partidas como la caja de cooperación, las ayudas para entidades sin ánimo de lucro, el plan de barrios rurales de la provincia, el Pimed o el convenio de barrios rurales con el Ayuntamiento de Zaragoza», ha detallado Sánchez Quero, quien además ha destacado que la mejora de firmes de las carreteras provinciales recibirá 2,2 millones de euros y que está previsto aumentar la dotación del plan de restauración de bienes eclesiásticos hasta los 4 millones de euros.
Una vez suplementadas todas esas partidas, la Diputación de Zaragoza todavía dispondrá de unos 50 millones de euros de remanente de tesorería. En este sentido, el presidente ha aclarado que todavía no sabe si utilizará todos esos fondos este mismo año. «Hay que tener en cuenta que posiblemente de cara al ejercicio 2022 tendremos menos ingresos vía tributos del Estado, así que, para que no baje el montante total del presupuesto del año que viene, podemos guardar en torno a 20 o 30 millones de remanente de tesorería», ha señalado Sánchez Quero.
En este sentido, el presidente ha subrayado también que «posiblemente» la suspensión de las reglas fiscales se amplíe a los años 2022 y 2023, lo que, de confirmarse, dará dos años más de margen para que la Diputación de Zaragoza y el resto de entidades locales gasten los remanentes de tesorería que han ido ahorrando desde hace casi una década.
«No obstante, independientemente de cuándo vayamos a gastar esos 50 millones de euros, yo lo que ofrezco a todos los grupos es dialogar para ver si aquellos proyectos que no se pudieron reflejar en el presupuesto inicial de este año se pueden incluir con cargo a los remanentes», ha ofrecido el presidente.
Moción para estudiar la apertura de una UCI en el hospital Ernest Lluch
En el pleno de este miércoles, que ha sido el ordinario correspondiente al mes de marzo, se ha aprobado por unanimidad una moción de urgencia presentada por el PSOE que insta al Gobierno de Aragón a realizar un estudio para la posible apertura de una UCI en el hospital Ernest Lluch de Calatayud, en función de las necesidades y de la disponibilidad de profesionales, y a acometer lo antes posible ampliación y la mejora de las urgencias de ese mismo centro sanitario.
Además, en el pleno se han rechazado otras dos mociones. La primera, presentada por Podemos-Equo y enmendada por el PP, planteaba diversas iniciativas para la rehabilitación de cascos históricos y la ampliación del parque público de vivienda, pero solo ha sido apoyada por esos dos grupos, ya que el PSOE y En Común-Izquierda Unida han votado en contra y Ciudadanos y Vox se han abstenido.
La segunda moción rechazada era una propuesta conjunta del PP y Ciudadanos que rechazaba distintas declaraciones y actuaciones del Gobierno central y del vicepresidente Pablo Iglesias a la vez que condenaba los episodios violentos en diferentes ciudades y respaldaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El texto ha sido apoyado por Vox y ha recibido los votos en contra del PSOE, En Común-Izquierda Unida y Podemos-Equo.
