Los vecinos quieren que el consistorio esté atento de las distintas subvenciones para mejorar las redes de abastecimiento
La Asociación de Propietarios El Dique, formada por unos 200 titulares de parcelas de este barrio de Caspe, y que en verano llega a albergar a más de 1.000 residentes, ha solicitado de nuevo al Ayuntamiento que licite «sin más demora» el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), que les permitirá contar con una red de abastecimiento y distribución de agua, y que «no pierda más subvenciones públicas» del Gobierno de Aragón, que podrían utilizarse para dotar de este tipo de servicios a la urbanización.
Esta exigencia por parte de los vecinos se realiza porque, explican, sin la aprobación de dicho PEI no es posible acudir a la convocatoria de subvenciones que el Gobierno de Aragón dirige a entidades locales para que éstas mejoren la eficiencia de los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua potable. Un ejemplo de esto sería la publicada recientemente por el Instituto Aragonés del Agua, que subvencionará con 600.000 euros los proyectos presentados por las entidades locales que serán las responsables de la contratación y ejecución de las actuaciones necesarias, según la ORDEN DRS/1202/2018, de 25 de junio publicada el BOA.
El colectivo vecinal considera que poder acudir a este tipo de subvenciones es «una gran oportunidad» para que el Ayuntamiento caspolino resuelva la histórica deuda que tiene con este barrio, que no cuenta con los servicios municipales básicos a pesar de tener una población residente empadronada de 170 vecinos que residen en el barrio como vivienda principal durante todo el año.
Reivindicación histórica
La urbanización-barrio El Dique, también denominada Pescadores, se encuentra junto al pantano de Mequinenza, en el Mar de Aragón, a 2 kilómetros del casco urbano de la Ciudad del Compromiso. Tiene más de cincuenta de años de antigüedad, está declarada como suelo urbano consolidado según recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Caspe (P.G.O.U.), aprobado definitivamente el 27 de febrero de 2015. Cabe recordar que la anterior Corporación ya adquirió el compromiso para dotar de fondos económicos al Plan de Especial de Infraestructuras para conectar la red general de agua de Caspe con este barrio periférico.
«El Ayuntamiento debería haber licitado hace mucho tiempo este plan dado que desde 2016 existe partida en los Presupuestos Municipales», explica la presidenta de la Asociación, Pilar Rodríguez. « Hasta la fecha no se ha ejecutado por su dejadez o por su ineficacia gestora».
Los vecinos han planteado al actual equipo de Gobierno municipal reiteradamente y sin éxito que cumpla con la prestación de sus servicios públicos obligatorios, razón por la que se han visto obligados acudir a los tribunales en demanda del reconocimiento judicial de sus derechos, encontrándose el procedimiento pendiente de Sentencia, tras haber tenido lugar la vista judicial a mediados de julio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Zaragoza.
«Al final es una cuestión de salud pública y medioambiental, y no vamos a dejar de insistir hasta que se solucione», asegura la presidenta del colectivo. Los propietarios recuerdan que pagan unos 70.000 euros anuales en concepto de IBI (impuesto de Bienes Inmuebles) al Ayuntamiento de Caspe, y otros 50.000 euros que recauda el Instituto Aragonés del Agua por el ICA (Impuesto de Contaminación del Agua) a pesar de no depurar sus aguas.
Aproximadamente, el barrio ha pagado 1.000.000 de euros en los últimos 10 años, que es el valor en que se estiman las obras de conexión a la red municipal de abastecimiento y saneamiento. Todo ello, sin que por parte municipal se esté prestando ninguno de los servicios municipales obligatorios y sin depurar sus aguas, que parcialmente se vierten directamente al embalse de Mequinenza, lo que ha ocasionado la incoación de distintos procedimientos sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al Ayuntamiento de Caspe sin que, al parecer, hayan servido por el momento para que reaccione.
