Jaime Arqué, gerente de la operadora del aparato en el momento del siniestro de la Helitransportada, compareció ayer en la comisión de investigación de la Cortes
Durante algo más de una hora, Jaime Arqué respondió ayer a todas las preguntas de los grupos de la Comisión de Investigación de la Helitransportada. Lo hizo en calidad del cargo que ocupaba como gerente de la empresa Helicópteros del Sureste, S.A., -integrada en INAER-, en el momento del siniestro el 19 de marzo de 2011.
Era la empresa operadora del aparato en cuya caída perdieron la vida seis personas (el piloto, un Agente de Protección de la Naturaleza y cuatro brigadistas) y una resultó herida. El caso se cerró en 2016 pese a que existe un informe de la CIAIAC (Ministerio de Fomento) que se dio a conocer hace ahora dos años que indicaba que existió una negligencia relacionada con un fallo mecánico en el helicóptero Bell 407 en el que viajaban los fallecidos.
Arqué, ahora exgerente, ubicó el fallo en el control de calidad de esa pieza que provocó la caída y derivó la responsabilidad a la empresa fabricante y su subcontrata (Bell y Textron). La causa «está en un control de calidad erróneo del fabricante y del subcontratista que están controlados por Canadá y no por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que no tiene nada que ver», añadió y siguió. INAER, dijo, cumplió la orden «en tiempo y forma» que emitió un boletín de que había que sustituir una pieza que podría estar defectuosa y se colocó la que llegó desde Estados Unidos. «El problema no es que se sustituyese un servoactuador estropeado por otro estropeado, el problema es que se sustituyó uno que podría estar afectado por un mal montaje y se colocó otro del que supuestamente, el fabricante y el subcontratista habían hecho el montaje correcto», dijo. «Pero el montaje interior no estaba correcto y el operador de la aeronave, -que somos nosotros-, no puede entrar en el servoactuador a comprobar nada porque se tiene que desmontar y para eso hay que estar autorizado», añadió.
Respecto a si se debían haber hecho más controles en INAER antes de colocar la pieza, recordó que existen unos protocolos que se siguieron. «En aeronáutica es fundamental la documentación que acompaña a cualquier pieza, indica que es aeronavegable y que cumple con todas las normativas. El que la emite tiene que hacerlo bien y el que la recibe tiene que creérselo porque si no, sería imposible trabajar».
Preguntado por el grado de responsabilidad que podría tener INAER en el suceso, Arqué fue claro. «En este accidente no podemos asumir ninguna responsabilidad porque instalamos un componente enviado por un fabricante y que supuestamente era correcto», concluyó.
Depurar responsabilidades
El exgerente de Inaer coincide con los abogados de las familias en que el fallo está en el control de calidad de una pieza, en este caso, el servoactuador. Los abogados Sagrario Valero y José Vicente Gracia fueron los primeros en comparecer en la comisión en su primer día de trabajo el pasado 21 de noviembre. Arqué fue ayer el segundo como responsable de una de las empresas implicadas en el accidente. Habrá más sesiones en función de los comparecientes.
Las Cortes constituyeron esta comisión el 29 de octubre y tiene como objetivo estudiar, analizar y depurar responsabilidades políticas y extraer conocimiento para corregir el sistema de la aviación española. Está presidido por la diputada de Podemos Marta Prades y compuesta por Fernando González (PP), Herminio Sancho (PSOE), Berta Zapater (PAR), Ramiro Domínguez (C´s) y Carmen Martínez (Grupo Mixto).
