Los colectivos del sector celebran la propuesta del Partido Popular en el Congreso
El sector de la pesca del Bajo Aragón-Caspe aplaude la iniciativa del Partido Popular de presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados por la que busca legitimar el uso de las especies consideradas invasoras o exóticas y paralizar su exterminio, como propone la actual ley de Patrimonio Natural y Diversidad de 2007. Con esta medida, el PP pretende blindar la existencia de especies como el Black Bass, el lucio perca, la carpa o la trucha arcoiris entre otras, evitando su eliminación.
El Partido Popular ha justificado esta decisión con el fin de asegurar que estas variedades puedan seguir presentes en los distintos cotos de toda España, que fueron poblados en 2007. «Así, estas especies continuarán siendo aprovechadas por cazadores y pescadores en los lugares en los que se soltaron para satisfacer las necesidades del sector», explica el documento.
A la vez que todo esto, el objetivo del partido también es evitar que se extiendan más allá de sus áreas de distribución. «Su gestión, control o posible erradicación se podrá realizar, en esas áreas, a través de la caza y pesca e incluyendo todas sus modalidades incluídas las reguladas por las Federaciones Deportivas de Caza y Pesca», continúa el escrito.
La iniciativa del PP permitirá, por tanto, sortear los efectos causados por el fallo del Tribunal Supremo de agosto de 2016 por el que ordenaba la inclusión en el catálogo de estas especies. «Su inclusión en el catálogo conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, y de sus restos», señala el texto.
«Después de una lucha de más de un año por abrir los ojos a la administración, vemos que por fin se está aplicando el sentido común», asegura el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca, Agustí Albiol. «Estas especies que defendemos, que consideramos alóctonas, por fin tienen una salida lógica». Además, los colectivos de la pesca aseguran que si la ley se aplica permitirá que la actividad económica y social que llevaban a cabo las empresas del sector continúe y que las que han tenido que cerrar por esta situación puedan volver al mercado. Se calcula que la actividad pesquera en nuestro país supone una inversión de 3.000 millones de euros al año.
«Lo único que esperamos es que esta proposición de ley tire adelante porque es una de las soluciones (aunque consideramos que corta) a esta situación», opina el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca. Este colectivo, como tantos otros, aboga por la catalogación de estas especies como «alóctonas naturalizadas».
Y mientras que agrupaciones y clubes de pesca celebran la noticia y esperan que la ley siga adelante, los colectivos ambientalistas como WWF, Seo-Birdlife o Ecologistas en Acción consideran la proposición como «una cesión evidente ante las presiones de colectivos de cazadores y pescadores». Además, aseguran que si se aprobase «se posibilitaría la permanencia en el medio de especies invasoras, lo que afectaría al patrimonio natural de los españoles».
Plan de Pesca de Aragón 2017
El Gobierno de Aragón publicó el pasado mes de febrero el nuevo Plan de Pesca de Aragón 2017, tomando forma a la ley de 2007 aprobada en el Congreso de los Diputados. En la medida autonómica se recogían unas nuevas medidas para el control y erradicación de peces como el siluro, el black bass, la carpa o el lucio perca. Esta normativa autorizaba la pesca de este tipo de especies de forma extractiva obligando al pescador a sacrificarla una vez la saque del agua. Además dejaba en manos de los propios pescadores o clubes deportivos el sacrificio y eliminación de los cadáveres.
Entre otros aspectos, en dicho Plan se argumentaba que debían ser los propios pescadores u organizadores de los eventos quienes asuman su muerte y recogida. «Deben eliminarlos del medio natural. Por lo cual se autoriza la posesión y el transporte de los mismos una vez sacrificados, bien sea, para su naturalización como trofeo, para su compostaje, con fines de autoconsumo entre los participantes del campeonato, o para su traslado y eliminación, con cargo al organizador del campeonato, a un gestor autorizado de residuos de tejidos animales», versaba el artículo. Este apartado indignó especialmente a los pescadores que se consideraban los responsables de todo el proceso de erradicación.
Desde ese momento comenzaron las movilizaciones para reivindicar una modificación a dicha ley. Las esperanzas del sector se estaban centradas en Madrid para cambiar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007. Ese momento, para ellos, al fin ha llegado. Ahora solo les queda esperar a la votación.
