Nueve años y 3 meses de prisión es la condena que la Fiscalía acaba de solicitar para un agente de la guardia civil destinado en la localidad zaragozana de Caspe al que acusa de dar cobertura y proteger a un importante grupo de narcotraficantes. Según el Ministerio Público, el funcionario, identificado como José Luis F. S., no solo no denunciaba a estos delincuentes sino que les informaba de operaciones especiales antidroga para evitar que fueran detenidos.
La Fiscalía cree que el grado de implicación del agente llegó a tal punto que en una ocasión falseó documentos oficiales para que los traficantes pudieran apropiarse de 10 kilos de marihuana. Gracias a los papeles que les facilitó el investigado, la banda hizo creer a sus proveedores que la droga había sido intervenida, cuando en realidad se habían apropiado de ella para venderla y quedarse el dinero obtenido.
Los hechos que llevarán al banquillos al guardia civil y a otros cuatro hombres –Yefris Iván D. B., Mohammed E. E., Miloud E. y Jaime P. V.– se produjeron durante, al menos, la primera mitad de 2019. La detención de los traficantes se produjo en noviembre de aquel año, tras varios meses de pesquisas con testigos protegidos y pinchazos telefónicos por parte del Grupo de Información de la Comandancia de Zaragoza.
Una sospechosa amistad
Desde mayo habían arreciado los rumores sobre la sospechosa amistad de un agente de la Benemérita con un vecino de Caspe al que se vinculaba con la venta de cocaína, marihuana y otras sustancias estupefacientes. La información llegó a la Guardia Civil, pero no fue fácil confirmarla, puesto que quienes decían saber algo no se atrevían a declarar contra el guardia por miedo a futuras represalias.
Finalmente, los investigadores consiguieron que algunos de estos vecinos aceptaran declarar en calidad de testigos protegidos para aportar información sobre la relación del citado funcionario del Seprona con un supuesto traficante conocido en la ciudad como El dominicano, quien resultó ser Yefris Iván D. B., al que defiende la letrada Carmen Sánchez y para el que ahora se piden cuatro años y medio de cárcel.
Ambos hombres hablaban con frecuencia por teléfono y organizaban encuentros de noche y en sitios escondidos, lo que hizo sospechar a la Guardia Civil que era para llevar a cabo algún tipo de entrega de sustancias ilegales. Según habrían contado algunos de los testigos protegidos, José Luis F. S., al que representa el letrado Marco Antonio Navarro, es consumidor habitual de estupefacientes y podría haber protegido a los traficantes a cambio de droga.
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Quizas si fuese inmigrante,habria mas….