Ángel Dolado ha recomendado a la institución comarcal y al presidente realizar un nuevo protocolo de actuación
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha criticado la actitud del presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, Francisco Domenech, y especialmente ha rechazado la forma de proceder de la institución comarcal ante el problema de las trabajadoras sociales. Parecía que este capítulo terminaba con la noticia de que finalmente la institución se haría cargo de los gastos del abogado de las tres empleadas, las cuales fueron amenazadas por un vecino durante su jornada laboral en octubre de 2018. Este hecho llegó hasta el Justicia a través de los propios trabajadores y la oposición, y la respuesta acaba de llegar dándoles la razón.
El Justicia explica que, según la Ley vigente, Domenech debió «prestar protección jurídica» a las empleadas en su momento, y que ahora es recomendable que la institución realice una valoración de riesgos psicosociales del personal y un protocolo de actuación «ante la violencia externa en los lugares de trabajo de titularidad comarcal».
Dolado también ha insistido en que las trabajadoras actuaron adecuadamente al interponer una denuncia cuando recibieron esas amenazas, y que no se saltaron ninguna ley, algo que sí que ha afirmado el presidente comarcal en varias ocasiones. Cabe destacar que el juicio contra dicho vecino tuvo lugar el pasado 31 de enero, y que el juez dio la razón a las empleadas.
El vicepresidente comarcal de CHA, Rafael Guardia, acaba de anunciar que ya se está elaborando un protocolo de actuación y que se basará en un borrador que se realizó en 2014. «La mayor novedad es que vamos a hacerlo extensible a otras áreas de la Comarca, no solo a Servicios Sociales, sino por ejemplo a Turismo y Deportes, dos departamentos en los que también ha habido algún conflicto en el pasado, así todos los trabajadores de la institución sabrán cómo actuar ante una situación similar a partir de ahora y no volverá a pasar algo semejante».
Por su parte, el presidente Francisco Domenech anunciaba en el último pleno comarcal del pasado 29 de enero que accedía a proteger finalmente a las trabajadoras sufragando el gasto de su abogado, y que con ello daba por terminado este «lamentable episodio».
Sin embargo, en el encuentro también opinó que no creía necesario elaborar ningún protocolo de actuación concreto, y que los trabajadores podían valerse del protocolo autonómico redactado por el popular Javier Campoy. «Es un protocolo muy adecuado y que puede servir para cualquier comarca, así que nos atendremos a ella en el futuro», explicó Domenech. El presidente deberá contestar aceptando o rechazando las recomendaciones del Justicia antes de principios de marzo.
