Después de que la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp conociese la noticia de los tres ancianos contagiados por coronavirus en la residencia gestionada por las monjas de Caspe, el punto de mira está puesto en el otro centro de mayores de la localidad, la residencia Adolfo Suárez. Según ha informado la institución comarcal, al menos ya hay un anciano en este centro que ha dado positivo de coronavirus. La residencia y el centro de salud no confirman este hecho.
Por todo ello, y como forma de prevención, la Comarca del Bajo Aragón-Caspe está estudiando la posibilidad de comprar entre 250 y 300 pruebas PCR a una empresa para hacerle la prueba a los residentes de ambos centros de mayores, al personal de los mismos, a sanitarios y miembros de las fuerzas del orden. Costaría a las arcas comarcales entre 60.000-70.000 euros.
Una iniciativa que no ha sido bien acogida por los integrantes de la Junta de Unidad de Coordinación Comarcal, que se reunió el pasado miércoles por la tarde para analizar la situación. En este encuentro han participado sanitarios, consejeros comarcales, técnicos, representantes de las fuerzas del orden, y concejales de Servicios Sociales de los seis ayuntamientos de la Comarca.
“Creemos que es lo adecuado en este momento para prevenir futuros contagios y para frenar la propagación del virus”, explica el presidente comarcal, Joaquín Llop. “Desde el equipo de gobierno no entendemos por qué el resto de la junta no está de acuerdo con la iniciativa, el Gobierno de Aragón no nos informa sobre cuándo traerán los test que necesitamos”.
Los integrantes que rechazaron la propuesta opinan que la situación actual en la Comarca está controlada y que estos test no son necesarios. Aseguran que no se tomaría ninguna medida distinta después de realizar estas pruebas, ya que ambas residencias y el centro de salud “están perfectamente coordinados y mantienen las medidas adecuadas para que no haya más infectados”.
Preocupación por la campaña frutícola
Además de tratar la crisis sanitaria, la Junta de Unidad de Coordinación Comarcal compartió sus preocupaciones por la campaña frutícola, que dará inicio a finales de este mes de abril con la recogida de la cereza.
Calculan que se van a necesitar más de 3.000 temporeros para trabajar en toda la zona. La mayoría de ellos vienen de fuera cada año. «Esperamos un decreto autonómico que nos permita acoger a todas estas personas, que son necesarias para que el sector siga para adelante», afirma el presidente comarcal, Joaquín Llop. «Ahora estamos fijando estrategias para el momento de su llegada, y nuestra principal prioridad será velar por su seguridad y la de nuestros vecinos».
Para ello, la comarca se coordinará con el personal sanitario, que será clave durante este periodo de recogida de fruta. Se encargará de realizar un seguimiento continuo de la salud de cada uno de los trabajadores. También se tendrá un especial control en las viviendas y alojamientos de alquiler donde residan temporalmente estos trabajadores.
«Contaremos con espacios habilitados por si alguna de estas personas resulta contagiada, para que no infecte al resto», explica Llop. Por su parte, las fuerzas del orden se asegurarán de que los temporeros se desplazan de una forma adecuada y siguiendo la normativa, además de evitar que se formen las llamadas ‘infraviviendas’ donde conviven más personas que las permitidas.
