El PP presentará en el próximo pleno de enero una moción por la que insta a reaccionar al equipo de gobierno ante el problema
El Partido Popular del Bajo Aragón-Caspe ha confirmado que presentará en el próximo pleno comarcal una moción a favor de las tres trabajadoras sociales que fueron amenazadas por un vecino el pasado mes de octubre. En la iniciativa, los populares criticarán nuevamente la actitud de la entidad comarcal, y especialmente la del presidente de la misma, Francisco Domenech, que en ese momento negó el derecho a la asistencia jurídica de las tres mujeres, las cuales aseguran que recibieron graves amenazas de un vecino mientras desempeñaban su función en dependencias comarcales.
«Rechazamos cualquier manifestación de violencia hacia los trabajadores públicos y por supuesto no nos ha parecido adecuada la postura del equipo de gobierno de la Comarca, que no ha hecho nada para proteger a sus trabajadoras», explica el portavoz del PP en la Comarca, y Alcalde de Maella, Jesús Zenón Gil.
Inevitablemente, este tema fue uno de los más comentados y discutidos durante el último pleno celebrado por la institución, el pasado 27 de noviembre. A pesar de no aparecer el asunto en el orden del día, el PP lo comentó en ruegos y preguntas. En el encuentro, todos los miembros del grupo municipal popular estuvieron de acuerdo en la «desacertada» forma de abordar la situación, y apoyaron la decisión de las trabajadoras de «buscar la justicia por su parte».
Una opinión que también han compartido desde el grupo municipal de Aragón Sí Puede. «Apoyamos sin ninguna duda a las trabajadoras, y creemos que el señor presidente tiene que recapacitar y cambiar de actitud», apunta la portavoz del grupo, Ana María Lasheras.
Amenazas graves
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando desde el área de Protección de la Infancia del Gobierno de Aragón decidieron retirar la custodia de los hijos de un vecino de Caspe, que, al parecer, vertió una serie de amenazas de extrema gravedad, algunas de ellas incluso de muerte, a tres trabajadoras sociales que se encontraban en el edificio comarcal. Ante tal intimidación, las funcionarias decidieron llamar a la Guardia Civil exponiendo los hechos y posibles medidas de protección. La Benemérita explicó que las únicas medidas que se podían establecer en esta situación era denunciar los hechos e interponer, como medida cautelar, una orden de protección.
Desde la Comarca se informó entonces que «no existía un protocolo de actuación para estos casos», a pesar de que la institución tiene reconocido dentro del convenio laboral la asistencia jurídica. Dentro de todo este proceso, el presidente de la Comarca, Francisco Domenech, no «vio conveniente que se procediese a denunciar y anunció a las trabajadoras que si decidían tomar ese camino, sería a título individual y la institución no se haría cargo de los gastos».
El próximo pleno en el que se continuará discutiendo sobre el asunto tendrá lugar en enero. Mientras tanto, las trabajadoras (que no quieren pronunciarse en los medios de comunicación), continúan con los trámites jurídicos tras interponer la denuncia a través de un abogado privado.
