Madrid decreta el fin de la pesca y el territorio estima pérdidas millonarias

Este borrador pretende adaptar la normativa a la polémica sentencia del Tribunal Supremo, auspiciada por ecologistas, en la que se apuesta por el exterminio de las especies invasoras como la carpa, la trucha, el siluro o el black bass, foco de atracción de miles de pescadores en los embalses de Ribarroja y Mequinenza. La pesca deportiva es absolutamente contraria a la muerte de los peces y esta medida anuncia su fin. El territorio estima pérdidas de 6 millones de euros anuales. Además los pescadores anuncian que esta nueva normativa da vía libre al furtivismo, ya que se podrían matar los peces sin ningún tipo de control y de forma totalmente legal.

Los servicios jurídicos de la Federación Española de Pesca y Casting (FEPYC) ya están preparando las alegaciones a este borrador, que se deberán presentar antes del 20 de agosto. En ellas reiterarán la necesidad de aplicar en este Real Decreto el artículo 64.3 de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural. Dicho apartado deja en manos de las comunidades autónomas permitir la captura y suelta de especies invasoras, siempre y cuando éstas supongan un revulsivo económico para el territorio como es el caso de los embalses de Mequinenza y Ribarroja. «Este artículo se intuye pero de forma muy sutil en esta modificación del Real Decreto. Sin embargo, nosotros vamos a pedir que se introduzca a todos los efectos. Si se aplicara nos daría tiempo para después cuando haya un nuevo gobierno solicitar la modificación de la ley. Ése es el gran objetivo», reitera José Luis Bruna, presidente de FEPYC. A pesar de la situación crítica, Bruna se muestra tranquilo ante esta publicación, ya que asegura que «era lo esperado». «Sabíamos que no se podía hacer oídos sordos a la sentencia del Supremo. ¿Qué iba a ser una borrador que atiende muy poco a nuestras necesidades? Eso no lo imaginábamos. Por ello, ya se ha solicitado una reunión con la ministra en funciones, Isabel García Tejerina, para que aclare su postura», puntualiza. A pesar de que admite que estas alegaciones pueden ser la última carta para que no se prohíba la pesca de especies invasoras, remarca que se debe continuar con la lucha y hace un llamamiento a los pescadores. «Debemos estar preparados porque en cualquier momento tendremos que volver a salir a la calle y presionar a los partidos políticos para que no dejen morir a la pesca», anuncia.

Para el Gobierno de Aragón sortear la sentencia del Tribunal Supremo no es una tarea fácil. Aseguran que los servicios jurídicos no han encontrado resquicio legal para seguir permitiendo la captura y suelta de especies invasoras y que el artículo 64.3 de la Ley de Biodiversidad ofrece «pocas garantías jurídicas». Precisamente, Aragón se encuentra en plena elaboración de borrador para adaptar su normativa a la sentencia. «Estamos intentando que sea lo menos perjudicial para el territorio. Es una sentencia del Supremo y de obligado cumplimiento», destacan. Entre los problemas que se están encontrado para su adaptación sobresale la colocación de contenedores de residuos orgánicos cada 50 metros para depositar los cadáveres de los peces, así como la instalación de un vertedero específico. «Los costes económicos son altísimos y los servicios jurídicos están barajando posibilidades», afirman. En la misma línea están la Comunidad Valenciana y Castilla y León que ya la han aplicado. Incluso la comunidad leonesa soluciona la compra de contenedores para los peces muertos, introduciendo una claúsula en la que permite transportarlos al vertedero más cercano, sorteando así el fallo del Supremo que prohíbe el traslado de estas especies a más de 50 metros. «Vamos a informar a los pescadores que no sacrifiquen peces si no hay contenedores porque estarían ante un delito contra la salud pública», anuncia Bruna.

En el otro extremo se encuentra Andalucía y Extremadura que han aprobado proyectos para evitar la sentencia. En el caso del sur, la Junta de Andalucía ha sacado adelante un proyecto de orden en la que se permite la comercialización del cangrejo rojo (también incluido en el Catálogo de Especies Invasoras). «Con Andalucía y Extremadura nos hemos dado cuenta que además de jurídicamente poder seguir pescando en la modalidad de captura y suelta es una cuestión de voluntad política», afirma el presidente de FEPYC.

Desde las sociedades deportivas de pescadores tanto de Caspe como de Chiprana y Fayón aseguran que de hacerse efectiva esta nueva normativa su existencia no tendría sentido y el territorio aragonés perdería más de 200 campeonatos. «Nosotros no pintamos nada como sociedad si no nos permiten devolver los peces al agua. Además esta sentencia da vía libre a los furtivos. Ellos podrán matar de forma legal a los peces y trasladarlos para comercializarlos. En dos años no tendremos fauna en nuestro pantano Es inaudito», recalca Luisa Serra, presidenta de la Sociedad Deportiva de Pesca.

Además de la pesca deportiva, la lucrativa (también sin muerte) supone uno de los sustentos del Bajo Aragón – Caspe. Los pescadores gastan una media de 2.000 euros semanales, mucho más que el turista tipo. En el caso de los extranjeros, suelen llegar a España en avión hasta el aeropuerto de Barcelona y después se desplazan hasta el Bajo Aragón-Caspe en un vehículo de alquiler. Alrededor de este sector han ido creciendo con los años numerosos negocios dedicados exclusivamente a la presentado por Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos contra el Real Decreto 630/2013 que regulaba el Catálogo español de Especies Exóticas. El fallo, además suponía la ampliación de dicho catálogo introduciendo especies como la carpa y la trucha arco iris, así como la anulación de las excepciones de la normativa que permitían la caza o pesca (captura y suelta) de algunas de estas especies, la comercialización de otras o las explotaciones como piscifactorías. Se trata de un varapalo en toda regla que el sector de la pesca intentó contraatacar con un recurso de nulidad que fue totalmente desestimado por el Supremo. Una manifestación por las calles de la capital española a principios del mes de junio reclamando el cambio de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural demostró la unión de un sector que seis meses después sigue en una angustia continúa. «Estamos cansados nadie nos aclara nada. Se aprueban normativas, se presentan recursos y no sabemos en qué punto estamos ni cuanto se va a alargar esta angustia», explica Mikel Dediego, propietario de una tienda de material de pesca.