El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo parcial sobre la futura Política Agraria Común (PAC), después de doce horas de negociaciones celebradas este lunes en Luxemburgo. El pacto, respaldado por unanimidad por los 27 Estados miembros, establece las principales condiciones para la aplicación de las ayudas agrarias a partir de 2028, aunque deja pendiente la financiación de la nueva política comunitaria.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado positivamente el resultado de las negociaciones y ha destacado que el acuerdo permite mantener el carácter europeo de la PAC, uno de los principales objetivos defendidos por España. «Hemos conseguido mantener la PAC como política europea», ha afirmado el ministro, quien considera que se ha logrado transformar la propuesta inicial presentada por la Comisión Europea en julio de 2025 en un reglamento propio y sólido.
El acuerdo recoge buena parte de las reivindicaciones planteadas por el Gobierno español y consensuadas con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, así como con Cooperativas Agro-alimentarias. No obstante, todavía deberá negociarse con el Parlamento Europeo a partir de enero de 2027, mientras que su dotación económica dependerá del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que deberán acordar los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.
Ayudas a las explotaciones y relevo generacional
Entre los principales aspectos del acuerdo figura el mantenimiento de un reglamento específico para la PAC, con instrumentos destinados a apoyar las rentas de los agricultores y contribuir a la rentabilidad de las explotaciones. La futura política agraria conservará también medidas de respaldo a los sectores agrícolas y ganaderos que presentan mayores dificultades de competitividad, mediante ayudas asociadas destinadas a reforzar su viabilidad económica.
El relevo generacional constituye otro de los ejes de la reforma. El texto contempla una estrategia para favorecer la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, con ayudas iniciales para las nuevas incorporaciones y apoyos a las sustituciones. España reforzará su estrategia nacional en este ámbito, con el objetivo de facilitar la continuidad de la actividad agrícola y ganadera.
Asimismo, se mantendrán las intervenciones sectoriales destinadas a las producciones hortofrutícolas, vitivinícolas y apícolas. El acuerdo incluye también instrumentos de gestión de riesgos y crisis, destinados a mejorar la capacidad de respuesta del sector agrario ante situaciones que puedan comprometer la estabilidad de las explotaciones.
Inversiones, sostenibilidad y desarrollo rural
La futura PAC continuará respaldando las inversiones productivas y de adaptación ambiental, entre ellas las destinadas a nuevas explotaciones, la mejora de la oferta de productos agrarios y las actuaciones relacionadas con el regadío. Estas ayudas también podrán beneficiar a las entidades dedicadas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, con el propósito de reforzar la competitividad y rentabilidad del sector.
En materia ambiental, el acuerdo mantiene la estructura de apoyos vinculados a la sostenibilidad y consolida los actuales ecorregímenes, aunque con nuevas denominaciones. Estos instrumentos, introducidos en la PAC 2023-2027, han alcanzado en España una implantación superior a los 19 millones de hectáreas, según los datos facilitados por el Ministerio de Agricultura.
El texto también contempla medidas de apoyo a las zonas rurales, las áreas con limitaciones naturales y los territorios con desventajas específicas. Se mantiene el respaldo a las iniciativas LEADER de desarrollo rural, así como al Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (AKIS) y a la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, que impulsa proyectos innovadores en el sector.
Las negociaciones han permitido, además, concretar la aplicación de los límites máximos de las ayudas y de su reducción progresiva a partir de determinadas cuantías en relación con los socios de las empresas cooperativas. También se han establecido las bases para facilitar una transición gradual entre el actual sistema de apoyos y el que se aplicará desde 2028.
La financiación de la PAC sigue sin resolverse
Pese al acuerdo alcanzado en Luxemburgo, la dotación presupuestaria de la futura PAC continúa siendo la principal cuestión pendiente. España había defendido desde el inicio de las negociaciones una política agraria comunitaria fuerte, con recursos suficientes, plenamente europea y flexible en su aplicación nacional, además de evitar su renacionalización. Según Planas, el pacto permite avanzar en estos dos últimos objetivos, mientras que la financiación deberá resolverse en las negociaciones del presupuesto europeo. El Consejo Europeo tiene previstas dos reuniones antes de finalizar 2026 para abordar el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que determinará los recursos económicos disponibles para la futura PAC.
