Las reservas turísticas se han reducido un 50% y, las de barcas, un 45%
El PAR presentó ayer una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Aragón a que elimine las trabas administrativas que frenan la pesca deportiva y recreativa mediante la suspensión del Plan General de Pesca 2017, aprobado recientemente. Asímismo, pidieron que se eliminen también las restricciones legales de esta práctica durante el tiempo que dure el procedimiento de modificación de la ley a nivel nacional.
Frente a comunidades como Andalucía o Extremadura, que se han mantenido al margen a la espera de movimientos, Aragón ha aprobado recientemente el Plan General de Pesca 2017 que « restringe todavía más tanto la sentencia (del Tribunal Supremo, que prohibe la captura y suelta de especies exóticas invasoras, mayoritarias en el Mar de Aragón) como la aplicación de la ley», tal y como aseguró ayer la senadora aragonesista Rosa Santos.
Esta situación ha provocado que, a pocos días del arranque oficial de la nueva temporada de pesca, las reservas turísticas han sufrido una reducción de un 50% y, las de barcas, de un 45%. Los alojamientos rurales también han empezado a notar las consecuencias de la sentencia del Supremo, así como todo el entramado empresarial que ahora depende del sector. En este sentido, Santos añadió que los afectados están «bastante desconcertados» con la actitud del gobierno autonómico por desarticular sectores como el de la pesca, clave para fijar población y para el desarrollo económico. Sólo en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, la pesca mueve más de 6 millones de euros al año y su desparición iría acompañada también de la de un gran número de empresas y comercios centrados en esa actividad.
