La actual legislación está afectando gravemente al sector de la pesca del Bajo Aragón-Caspe
El sector de la pesca se encuentra sumido en un momento de incertidumbre y de pérdidas millonarias por la actual legislación, que no permite la pesca y suelta de especies invasoras. Aunque actualmente esta normativa está suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, no es así para el siluro, que no puede ser devuelto al agua una vez pescado. La multa por devolver las especies al agua pueden alcanzar los 3.000 euros.
Los peores parados son los propietarios de negocios y comercios, que ven bajar las ventas cada semana. En la comarca del Bajo Aragón-Caspe se empiezan a notar las consecuencias: la mitad de los concursos y campeonatos de pesca han sido cancelados y participan menos pescadores, los negocios han visto reducidos sus beneficios un 50% en un año, y en las riberas de ríos y embalses hay mucho menos movimiento turístico y deportivo que en años anteriores.
La Sociedad Deportiva de Pesca de Caspe organiza al año una veintena de competiciones y concursos, y casi todos ya han sido cancelados. Según su presidenta, Luisa Serra, los pescadores sienten «inseguridad total» a la hora de practicar este deporte.
Todo depende de la agrupación deportiva y del tipo de especie que se pesca. La Asociación Deportiva Mar de Aragón continúa realizando la mitad de sus eventos sociales, que suelen ser unos quince, aunque «con algo de miedo y menos participación» según su presidente, Fausto Piazuelo.
En el caso de la Asociación Caspe Bass, que cuenta con más de 200 socios de dentro y fuera de España, no se ha cancelado ninguna competición ya que el black bass se puede devolver al agua, al menos por el momento. Entre los eventos más importantes está el Encuentro Internacional Caspe Bass, que se celebrará previsiblemente el próximo mes de octubre. Se trata de la competición más importante del mundo en esta modalidad, que atraerá a clubes de muchos países. «Si se cancelase, la zona perdería una inversión de más de 50.000 euros», explica Mikel De Diego, de la Junta Directiva de la Asociación Caspe Bass.
«Los que están a favor de esta ley no entienden que nosotros no queremos matar a los peces, solo pedimos que nos dejen practicar el deporte que tanto nos gusta», opina De Diego, que también es dueño de la tienda Caspe Fishing Shop, especializada en artículos de pesca. Abrió su negocio hace solamente unos meses, pero lleva varios años en el negocio del sector. «Nunca había visto unas cifras tan bajas, tenemos pérdidas de hasta el 50%, se está notando muchísimo que viene menos gente a pescar», asegura. Este empresario abrió su tienda porque era un gran aficionado del mundo de la pesca, y porque quería invertir en el municipio y la zona en la que vive.
Actualmente en Caspe existen cinco establecimientos relacionados con este sector. «Nos dijeron que apostásemos por el territorio y por luchar contra la despoblación, y ahora nos hacen esto». Todos los comercios de la zona están directa o indirectamente relacionados con el sector: hoteles, restaurantes, supermercados, tiendas... son utilizados por los grupos de pescadores que se acercan a la zona, que pasan desde una semana a 15 días, y que pueden desembolsar en la zona alrededor de 1.500 euros por cabeza.
Rechazo a la captura y muerte
El Plan General de Pesca de Aragón de 2017, adaptado a la actual Ley Nacional de Patrimonio Natural y Biodiversidad, obliga a la captura y muerte de las especies consideradas «invasoras o exóticas», entre ellas el lucio perca, el black bass, el siluro, la carpa, la trucha arcoiris, y otras muchas, muy comunes en zonas como el Mar de Aragón. En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón suspendió cautelarmente esta legislación en la comunidad. Pero, pese a existir esta condición los pescadores no terminan de creerse que no les multarán si sueltan las especies al agua.
El sector esperaba una solución definitiva a finales del pasado mes de junio en el Congreso de los diputados. El PP presentó una proposición de ley para levantar la prohibición de pescar y asesinar estas especies. Pese a que varios partidos se comprometieran con el sector a sacarla adelante la propuesta, se echaron atrás. Fueron el PSOE, que votó en contra, y Ciudadanos, que optó por la abstención.
La Plataforma en Defensa de la Pesca es una de las organizaciones nacionales más reivindicativas en la actualidad. Su portavoz, Agustí Albiol, acude continuamente a la comarca del Bajo Aragon-Caspe, que es muy relevante para el sector pesquero nacional, «por el gran volumen de aficionados y los excelentes escenarios con los que cuenta para realizar este deporte». «En todo el país ya hay 81 cotos de pesca que no han abierto esta temporada y muchas tiendas especializadas están comenzando a cerrar», explica Albiol. «Los propietarios del sector están aguantando esperando a que todo se solucione, y no pueden evitar despedir empleados, es indignante», comenta el portavoz de la Plataforma, quien asegura que es muy complicado que las tiendas que echan el cierre en este momento puedan volver a abrir en el futuro aunque la situación se solucione.
«Este embalse lleva con nosotros varias décadas, de la misma forma que la carpa , la perca, black bass, o el siluro, que habitan en él. Podríamos considerar que ambos son invasores. Estas especies deberían ser consideradas alóctonas, pertenecientes a este paraje que, ya de por sí, es artificial», explica el Alcalde de Caspe, Jesús Senante. La Ciudad del Compromiso es, junto a Mequinenza, una de las localidades más afectadas. Según el alcalde, la pesca es la tercera pata que sostiene la economía de esta zona, junto con la agricultura, ganadería y el turismo. La actividad de la pesca supone unos ingresos anuales de más de seis millones de euros solamente en la comarca del Bajo Aragón-Caspe. Se calcula que, a día de hoy, ya se ha perdido la mitad.
