DGA autoriza en su Plan de Pesca la muerte de estos peces y el sector estima pérdidas de más de seis millones de euros
Futuro negro para el sector de la pesca bajoaragonesa. El Gobierno de Aragón aprueba el Plan General de Pesca en el que obliga a la captura y muerte de especies como la carpa, el siluro, el black bass o el lucio perca. Esta nueva normativa echa por tierra los más de 100 campeonatos que se realizan al año en el embalse de Mequinenza. Estos eventos junto con la pesca lucrativa suponen unos ingresos anuales de más de seis millones de euros en el Bajo Aragón-Caspe.
Los clubes de pesca de Caspe ya han anunciado su negativa al sacrificio y aseguran que no van a cumplir con esta normativa. «En la asamblea de Caspe Bass ya dijimos que nos íbamos a negar. No nos pueden obligar que vengan y lo hagan ellos», afirma Mikel De Diego, representante de Caspe Bass. En la misma línea se expresa Luisa Serra, presidenta de la Sociedad Deportiva de Pesca. «En el borrador de la nueva ley dejan en manos de los pescadores y de los clubes organizadores los eventos toda la responsabilidad. Es incongruente», añade. José De Cándido de Carpfishing Caspe remarca que no se incluye la colocación de contenedores orgánicos para la deposición de los cadáveres. «En el plan dice que somos los responsables del transporte», cuenta. Para Manuel Cortés de la Asociación Deportiva Mar de Aragón es un primer paso para la desaparición de todos los campeonatos. «Van a conseguir que dejemos las competiciones y que el sector se vaya a pique», comenta.
El nuevo Plan General de Pesca de Aragón 2017 autoriza la pesca en régimen extractivo como medida de gestión y eliminación de las especies invasoras. Además obliga a los pescadores u organizadores de los campeonatos a la eliminación del medio natural de estos cadáveres. Por tanto autoriza la posesión y transporte para su naturalización como trofeo, para su compostaje, con fines de autoconsumo o para su traslado o eliminación en un gestor autorizado de residuos orgánicos. Por otro lado, la normativa autoriza los campeonatos de invasoras, siempre y cuando, sean una medida de erradicación.
Desde la Plataforma en Defensa de la Pesca ya han solicitado una reunión urgente con Javier Lambán, presidente de Aragón, para plantearles las consecuencias de estas medidas. Además estudian movilizarse en marzo ante las puertas del Pignatelli. «No entendemos esta actitud, en Madrid se está trabajando a contrarreloj y ahora Aragón aplica esta normativa. Sabemos que es de obligado cumplimiento, pero las consecuencias son catastróficas», anuncia Agustí Albiol, su portavoz.
Por su parte, DGA reitera que están atados de pies y manos y que se trata de una sentencia «de obligado cumplimiento» y que sólo están acatando la ley. «Es de obligado cumplimiento. Aragón no ha sido la única comunidad en aplicarlo, hay otras muchas. Sabemos del problema que tenemos ante nosotros y esperamos que se resuelva con la modificación de la ley. Sin embargo, no está en nuestras manos», afirma José Ramón López, director general del área.
Ahora la mirada se centra en Madrid donde el Ministerio de Medio Ambiente ya están avanzando en los trámites para modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Se trata de la única solución posible para evitar la captura y muerte. Para ello hay que contar con las 3/4 partes del Congreso de los Diputados. «Las expectativas son buenas y vamos a seguir luchando», recalca el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca. En este sentido, el director general del Medio Natural se ha comprometido a modificar la normativa al día siguiente de la modificación de la ley. «Es lo que todos estamos esperando. Una vez se modifique la ley de forma inmediata se cambiará el Plan General de Pesca», subraya.
