Los ayuntamientos decidirán los proyectos en los que invertir y tendrán más autonomía
La Diputación Provincial de Zaragoza reparte más de 1,9 millones de euros entre los municipios del Bajo Aragón – Caspe. La institución ha cambiado las reglas del juego y de cara al 2017 las 292 localidades de la provincia, entre ellos los seis bajoaragoneses, percibirán un único pago incluido dentro del Plan Unificado de Subvenciones. Esta ayuda dotada con 50 millones de euros agrupa a 24 de los 30 planes con los que contaba hasta el momento el organismo y supone un cambio en las relaciones con los ayuntamientos. «Hasta ahora el presupuesto de los ayuntamientos estaba encorsetado a los planes que marcaba la Diputación de Zaragoza; mientras que ahora es la institución provincial la que ajustará su presupuesto a las necesidades de los ayuntamientos», señaló el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero durante la presentación ante 400 alcaldes y diputados de este plan la semana pasada. Quero remarcó que este plan único supondrá además una mayor organización por parte de los ayuntamientos. «Conocerán a principios de año la aportación que perciben y se podrán planificar mucho mejor», destacó.
Este único pago engloba planes tan característicos como los de empleo, que permitía la contratación de personal en los ayuntamientos o de infraestructuras para el arreglo de calles o pavimentos. La gran novedad, que ha sido acogida con agrado por parte de los alcaldes, es que ahora son los ayuntamientos los que podrán decidir donde destinar estas ayudas y la cuantía que quieren invertir. «Hasta el momento estábamos supeditadas a un plan para el arreglo de una calle o para mejorar el alumbrado. Ahora son los propios consistorios quiénes deciden el proyecto y la cantidad qué invertir», explicó Pilar Mustieles, diputada delegada del Partido Judicial de Caspe.
La capital de la comarca, Caspe, será la localidad que más perciba con 1.084.827,77; seguida de Maella con 269.100,13; Fabara 194.286,41; Nonaspe 171.695,20; Chiprana 119.127,46 y Fayón con 104.387,88. Las cantidades se han determinado a partir de un fijo de 67.797, que ha supuesto el 40% del total, mientras que el 60% restante se ha determinado con una variable de 103 euros por habitante. Precisamente, este baremo es el que más críticas ha suscitado entre los alcaldes de grandes poblaciones, que aseguran que percibirán menos cantidad de dinero que en la suma de todos los planes, mientras que afirman que los pequeños municipios serán los más beneficiados, ya que tienen una cantidad fija predeterminada de más de 60.000 euros.
La institución provincial hizo oficial este plan con su publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia dando a conocer a los ayuntamientos las cantidades concretas que percibirán de cara al próximo ejercicio. Ahora los consistorios tendrán 30 días hábiles, es decir hasta el próximo 16 de enero, para presentar en las oficinas de diputación los proyectos donde pretenden invertir la subvención. Con la única limitación que al menos un 40% tiene que ir dirigida a inversión, para cumplir con la legislación vigente, el resto se puede destinar a partidas como empleo, mejora de infraestructuras e incluso amortización de deuda.
Los seis ayuntamientos del Bajo Aragón – Caspe se encuentra ahora estudiando la mejor manera de repartir esta cantidad durante todo el año. Es el caso de Maella cuyo alcalde, Jesús Zenón Gil, pretende reunirse con toda la corporación municipal para consensuar en qué proyectos invertir, aunque adelanta que una partida irá destinada a la tercera fase del albergue y centro de ocio. «Es una necesidad, tenemos que descongestionar el pabellón y este edificio cuenta con pistas donde realizar actividades deportivas. Por lo que seguramente habilitaremos una partida para continuar con las obras», confesó. Por su parte, Caspe podrá detallar su presupuesto para el 2017, supeditado a estas ayudas. La diputada Pilar Mustieles, concejal de Hacienda del consistorio caspolino ya adelantó que algunas de las iniciativas claves para su inversión serán la necesidad de una nueva planta potabilizadora, el arreglo de las antiguas viviendas de los ferroviarios o la adecuación de algunas calles.