La Plataforma en Defensa de la Pesca se moviliza para admitir la captura y suelta de especies invasoras
Agustí Albiol es el portavoz de esta iniciativa del sector de la pesca.
¿En qué consiste exactamente la sentencia del Tribunal Supremo que pone en jaque a la pesca?
Esta sentencia que se redacta tras un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos prohíbe la pesca y comercialización de especies como el black bass, el siluro, la trucha arcoiris y la carpa, ya que las considera altamente peligrosas para los nichos ecológicos en los que viven. Poniendo en graves problemas al sector empresarial y en el aire a más de 4.200 eventos deportivos.
Sin embargo, estas especies ya estaban incluidas en el catálogo de especies invasoras, en la Ley de Biodiversidad realizada en el 2007 en la Unión Europa...
Efectivamente, aunque en la propia ley también existía lo que denominamos disposiciones transitorias. Son una especie de cláusulas que permitían su comercialización y su pesca siempre en la modalidad de captura y suelta, teniendo en cuenta el revulsivo económico que suponía para el territorio. Sin embargo, con este nuevo dictamen del Supremo también quedarían anulados estos artículos y con ello la prohibición de pescar y comercializar estos ejemplares. Nosotros estamos de acuerdo en una regulación, pero no cabe equiparar el mejillón cebra con la carpa, que lleva centenares de años en nuestras aguas y han creado su propio nicho ecológico. Una sentencia desde los sillones de un despacho sin adaptarse a la realidad, no tiene sentido y vamos a luchar para anular aquello que tanto daño nos hace.
En cuanto al sector empresarial ¿qué supondría la ejecución total de este documento?
Daños irreparables. Por poner un ejemplo, España es el segundo país exportador de cangrejo rojo, otra de las especies incluidas en este catálogo. Todas las empresas que se dedican a su comercialización deberían cerrar, así como también las piscifactorías que producen la carpa o la trucha. Todo ello conllevaría una gran pérdida de puestos de trabajo que en algunas zonas de Andalucía y Extremadura supondría la ruina. Es una ley que se hizo a espaldas de estos colectivos, que se puso un parche con las cláusulas, pero que ahora pueden suponer el fin del sustento para miles de familias.
¿Y a nivel deportivo?
En lo referente a la pesca deportiva están en el aire más de 4.000 eventos, así como nuestra representación en competiciones deportivas a nivel mundial. La Federación Española de Pesca cuenta con 1,8 millones de pescadores que mueven 1,5 millones de euros. Muchos dirán si lo peor es que no lancen la caña, pero es que en el lugar donde la lanzamos se llena campings, restaurantes, hoteles, tiendas con el material. Es un sector económico en auge. En lugares como éste el Mar de Aragón está empezando a invertirse, tras acotar el embalse. Esta zona es conocida por los grandes ejemplares de siluros en sus aguas, si está prohibida su pesca no va a venir nadie y se perderá riqueza. Además es esencial para un pescador deportivo la modalidad captura y suelta.
La pasada semana conocíamos un nuevo varapalo, ya que se desestimaba el recurso de nulidad interpuesto por la Federación Española de Pesca y Casting a la sentencia...
No nos pilló por sorpresa, no teníamos muchas esperanzas en que se admitiera. Ahora ha interpuesto otra incidencia de nulidad la Asociación del Cangrejo Rojo, vamos a ver qué responden. Somos conscientes de lo complicado que es apelar en el Tribunal Supremo, es uno de los órganos más altos de la justicia y es difícil que revoquen una sentencia. Por tanto, vamos a tener que trabajar en otras vías.
¿Cuáles son las acciones que va a emprender la Plataforma en Defensa de la Pesca para revocar esta sentencia que consideran dañina para el sector?
Creemos que la solución a nuestro problema está en el ámbito político. Nuestros políticos deben ser conocedores del agravio que supone la ley de biodiversidad 42/2007 y son ellos quiénes deben tomar las riendas de esta situación que tiene en vilo el sustento de muchas familias y presentar un recurso de nulidad a esta sentencia. Para ello ya hemos mantenido varias reuniones con partidos políticos en diversas comunidades autónomas como Andalucía o Extremadura para darles a conocer las consecuencias y que asumen sus responsabilidades. Aunque estamos en un momento de inestabilidad política, sin gobierno y con unas próximas elecciones. Por tanto, es complicado. Además, estamos intentado movilizar a la ciudadanía con varias manifestaciones. Hicimos una en Mérida el 23 de abril y la próxima será en Madrid el 5 de junio.
