Los bares y los restaurantes son unos poderosos elementos de vertebración en la vida de nuestros pueblos. Por eso, la enorme crisis que vive el sector de la hostelería en Aragón debido a las durísimas restricciones por la pandemia debe ser inmediatamente abordada en el medio rural, donde la oferta es mucho más reducida y, a la vez, una garantía de impulso social y económico en estos núcleos.
A pesar de los constantes anuncios del Gobierno de Aragón y de la escenificación de encuentros entre las diputaciones provinciales y el presidente Lambán (aún no se conoce ni el expediente del convenio a cuatro bandas para el que la DPZ apartó cinco millones de euros); lo cierto es que el sector, que da trabajo a miles de personas en la provincia, sigue sin recibir ayudas específicas. La prohibición de consumo en el interior, el «toque de queda» en el cierre o las limitaciones de aforo van a suponer la puntilla para un elevadísimo porcentaje de estos negocios. Según los últimos datos facilitados por la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, en la primera semana de aplicación del nivel 3 de riesgo sanitario cerraron un 55% de los bares de la provincia, número que se irá incrementando si se mantiene, como es previsible, esta situación; de hecho, según los empresarios del sector, a comienzos del mes de enero del año 2021 podrían haberse cerrado definitivamente un 30% de la totalidad de los bares y restaurantes de la provincia, lo que supone nada más y nada menos que unos 1.400 establecimientos.
«La situación es dramática, y se está cometiendo un enorme agravio con todos los que regentan o trabajan en locales de restauración, ocio nocturno, cafeterías, bares… etc», insiste el portavoz popular en la DPZ, Francisco Artajona. «Nuestros pueblos seguirán vivos si mantenemos sus bares y restaurantes abiertos. Por eso hemos elevado una moción para que todos los grupos de la Diputación aprobemos que cinco millones de euros del remanente se destinen exclusivamente a un Plan de Ayudas para evitar cierres y paliar unas pérdidas insalvables, ya que están obligados a no poder trabajar», añade.
El Plan debería también contemplar una línea de ayudas o subvenciones de carácter finalista destinadas a sufragar los gastos derivados de la actividad de la hostelería específicamente en los pueblos de la provincia, como los que tienen que ver con el alquiler de locales, la cotización de la Seguridad Social de trabajadores y autónomos, la amortización de préstamos y créditos, etc. La gravedad de esta situación se convierte en dramática si nos fijamos en nuestros pueblos: en la mayoría de ellos, el bar no es sólo un negocio más o menos rentable, o más o menos ruinoso. Es el alma del pueblo, el corazón de los vecinos, un lugar de encuentro y convivencia que constituye el auténtico motor de la localidad. Y una de las peores cosas que puede pasar en un pueblo es, precisamente, que se cierre «el bar», pues al ser uno de los pocos elementos que aglutina la vida social de los vecinos, su desaparición conlleva de forma inexorable a la despoblación, uno de los males endémicos de nuestra tierra.
