La Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social ha solicitado "un refuerzo temporal de inspectores" de cara a la campaña de la fruta que ha sido rechazada tal como ha lamentado la directora general de Trabajo, Soledad de la Puente, en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Parlamento aragonés, a instancia de la consejera del ramo, Marta Gastón. «Preparamos un borrador de convenio en el que solicitábamos un refuerzo temporal de los inspectores. Nos lo han rechazado y tenemos que asumir la campaña con los efectivos humanos y materiales que tenemos en Aragón», ha recalcado. La directora general ha adelantado que los trabajadores de la campaña de recolección agrícola de 2021 «deberán portar una declaración en la que se identifique en qué explotación van a trabajar y qué alojamiento temporal van a tener».
En este sentido, De la Puente ha explicado que esta medida se sumará a las otras especificadas en la guía que se elaboró entre Sanidad y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) y que incluía, entre otras, la obligación «de los titulares de una explotación de superficie superior a una hectárea a hacer una previsión de la contratación laboral que piensan tener en la campaña de recolección de este año». «Nos dimos cuenta de que había que hacer las cosas de otra manera para evitar las situaciones que se produjeron», ha reconocido la responsable de Trabajo, y ha declarado que «se decidió aumentar el número de actuaciones de inspección en la campaña hasta llegar a 920», lo que supone un incremento del 156%.
De esta manera, tal y como ha expuesto, «tenemos que manejar de mejor manera la información que teníamos y, para ello, contamos con la colaboración del Departamento de Agricultura». «Esto se ha traducido en el acceso a diferentes registros, como el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) y el Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA), que se ha depurado y nos proporciona una información que es muy importante porque no solo aparecen las centrales hortofrutícolas, sino también los almacenes de fruta», ha apuntado.
En última instancia, De la Puente ha hecho hincapié en el «acceso a una herramienta para localizar las explotaciones, el tipo de cultivo, el titular y, sobre todo, la ubicación del total de la explotación», en la que figuran inscritos «cerca de 3.000 titulares de explotaciones en contratación directa durante la campaña de 2020 y noventa y nueve en contratación indirecta», así como «un total de casi 13.000 trabajadores».
Beatriz Sánchez (PSOE) ha puesto en valor «todo el trabajo desarrollado por los componentes de la Dirección General» y ha vaticinado que «esta nueva campaña volverá a ser atípica, pero confiamos en que, aunque no pueda volver a ser normal, pueda ser una campaña ejemplar». Javier Campoy (PP) ha defendido que «en Aragón hemos sufrido muchísimo, más que el resto de los españoles». «Hemos tenido una ola más, una consejera de Sanidad más, tres partidos más en el Gobierno y, además, el pico más alto de contagios de España durante alguno de los meses que ha durado el estado de alarma», se ha lamentado.
Javier Martínez (Ciudadanos) ha demandado a la directora general «cuál es el verdadero motivo de esta comparecencia» porque «nos encontramos ante una auténtica bomba de relojería» y, en palabras del diputado, «por parte del Gobierno de Aragón se está bajando la guardia» y «a partir del 9 de mayo va a ser más difícil imponer restricciones». Erika Sanz (Podemos) ha asegurado que «hay que hablar de muchas cuestiones», entre ellas de «las medidas sanitarias que hay que preparar para que se pueda cumplir con la prevención ante la COVID-19, las condiciones laborales o las condiciones de habitabilidad dignas para los temporeros».
Joaquín Palacín (CHA) ha agradecido las explicaciones «sobre un tema que es preocupante porque no podíamos vivir la misma situación que vivimos en 2020» y ha declarado que «la Administración tiene que dar soluciones para que los trabajadores temporales puedan estar en las mejores condiciones». Marta Fernández (Vox) ha incidido en que «se tienen que adoptar determinadas medidas excepcionales para la campaña de 2021 en la actividad de recolección pero también en el aclarado», al tiempo que ha preguntado a la directora general acerca de «las multas preventivas para agricultores que no han tenido producción».
Jesús Guerrero (PAR) ha defendido que, «si bien se realizan actuaciones en beneficio de los trabajadores del sector del campo, también deberíamos proteger al autónomo, a la pyme y al agricultor que hace las cosas bien». El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha destacado que «todos los presentes estábamos de acuerdo en la necesidad de abordar la campaña agrícola, teniendo en cuenta la trascendencia que tiene para Aragón y que nuestra Comunidad es uno de los principales focos productivos de España».
