Sigue el rifirrafe entre el Gobierno de Aragón y el central por la exclusión de los criterios correctores de despoblación y orografía de la reforma del sistema de financiación. Este jueves el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, puso en duda las cifras aportadas por la DGA en la guerra de la financiación autonómica, según las cuales la comunidad perdería 422 millones de euros anuales al suprimir la variable de despoblación.
Beltrán calificó de «ventana de oportunidad» que el Ministerio de Hacienda reabriera el miércoles la reforma del sistema de financiación por el rechazo de buena parte de las comunidades autónomas y advertió de que este plazo «tiene que ser aprovechado con la máxima responsabilidad». «Me gustaría saber de dónde salen estas cifras. Yo soy un hombre de ciencias, si me dan la tabla y el origen del dato lo calculamos, pero es que no hay explicación. Hay información fácil de rastrear, pero esa en concreto no», afirmó el delegado.
Por su parte, desde DGA contestaron que las cifras aportadas sobre la merma de ingresos que supone no incluir la orografía y la despoblación como factores correctivos en el sistema de financiación autonómica están calculadas con los parámetros del anterior ejecutivo aragonés, del «mismo color político» que Beltrán, el PSOE. «Quien ha mentido sobre los informes para analizar la reforma del sistema de financiación es el Ministerio de Hacienda, como ha quedado de manifiesto en la última reunión del Comité de Evaluación, en el que la mayoría de comunidades han rechazado sentirse identificadas en la propuesta del ministerio y varias de ellas, como La Rioja, han resaltado la necesidad de incorporar el criterio de despoblación ante las afirmaciones manipuladas en sentido contrario del último informe ministerial. Tal es así que la propuesta fue retirada para abrir un nuevo plazo de alegaciones», afirmaron este jueves fuentes del Pignatelli, desde donde también recomendaron a Beltrán que se centre en ejecutar sus competencias, como mejorar la seguridad de los ciudadanos y reclamar la mejora urgente de las mermadas plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, y «dejar de ponerse al servicio de la secretaria general del PSOE aragonés».
