Más de once años han tenido que pasar para que la Audiencia de Zaragoza siente en el banquillo al dueño de una finca agrícola de Caspe y al encargado por un desgraciado accidente laboral en el que un temporero marroquí estuvo a punto de perder la vida. Al final, lo que perdió fue su pierna derecha, ya que los gravísimas lesiones sufridas al pasarle por encima un tractor que llevaba enganchada una desbrozadora-picadora obligaron a los cirujanos a recurrir a la amputación.
Los hechos, ocurridos el 1 de septiembre de 2009, han dado lugar a tres procedimientos judiciales: uno civil y dos penales. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido, el de ayer fue el primero de los juicios. «Yo nunca firmé ningún papel asumiendo la culpa del accidente.
Estuve en tres hospitales. Y lo único que hacía era llorar por mi pierna», manifestó ayer el trabajador que sufrió el percance, que tuvo que declarar de pie pese a la prótesis y el uso de muletas. ¿De qué papeles hablaba? De los escritos –uno es castellano y otro en árabe– que su jefe y dueño de la finca El Cerrojo, Alberto José T. A., presentó en el juzgado para intentar probar que su empleado se responsabilizaba de lo ocurrido y renunciaba a cualquier acción legal.
Sin embargo, la víctima del accidente asegura que esos documentos son falsos y que nunca estampó su rúbrica en ellos. Y lo cierto es que dos peritos –uno del Gobierno aragonés y otro de la Guardia Civil– avalan su versión. Un tercer estudio caligráfico, aportado por la defensa, concluye lo contrario y atribuye al accidentado la firmas.
Falsedad y estafa procesal
La Fiscalía solicita sendas penas de un año y medio de prisión y multa para el empresario y el encargado de la finca, Abdelhakin B. R., como presuntos autores de un delito continuado de falsedad en documento privado y otro de estafa procesal en grado de tentativa. Lo hace porque los documentos bajo sospecha fueron aportados tanto en esta causa como en otra que se dirime en un juzgado de lo social de Valencia para fijar la cuantía de la pensión que debe cobrar la víctima. S<
i se demostrase que el temporero perdió la pierna por culpa de una negligencia ajena, esta cantidad se vería incrementada.De ahí que el juez que ha de dictar sentencia en la capital levantina haya suspendido los plazos hasta que se resuelva la posible falsedad.
La acusación particular, a cargo del letrado Alfredo Herranz, acusa por los mismos delitos, aunque la falsedad no la considera continuada. En cualquier caso, la pena de cárcel que solicita es muy superior: cuatro años y medio.
Preguntado por la autoría de los escritos en los que la víctima habría reconocido su culpa en el siniestro, el dueño de la finca de Caspe explicó ayer al tribunal que los redactó su abogado a petición del temporero. «Yo me entendía con el trabajador en castellano, aunque es verdad que habla poco. No me acuerdo quién tradujo el texto al árabe, pero todo se hizo a instancias del accidentado», insistió.
El encausado fue más allá y en su intento por convencer a los magistrados de la autoría de las firmas aseguró que él mismo vio como el marroquí las estampaba en el hospital. «Firmó los papeles en la habitación de la MAZ, donde le amputaron la pierna», declaró.
El segundo juicio penal está señalado para el próximo mes de mayo, y en el solicitan también penas de hasta 6 años de cárcel por lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.
