Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia reclamaron que el esfuerzo inversor se valore
Los consejeros de Educación de Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia participaron ayer en Zaragoza en una jornada sobre la escuela rural en la que reclamaron que el esfuerzo inversor que supone esta red tenga su reflejo en la financiación autonómica. Este encuentro surge como una sectorial específica tras la reunión de los presidentes de las comunidades afectadas por la despoblación y dispersión del territorio que tuvo lugar el pasado mes de febrero. A esta estrategia se suma también La Rioja, cuyo consejero no ha podido asistir a la cita de hoy.
Las cinco comunidades autónomas recuerdan que el modelo de financiación autonómica debe garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Para ello, la financiación debe partir de las necesidades reales y el coste efectivo de los servicios allí donde se prestan y que debe tener en cuenta variables como la orografía, la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y otros muchos. La evaluación de los costes efectivos debe hacerse, fundamentalmente sobre la Educación, los servicios sociales y la Sanidad.
«Hoy abordamos las dificultades y los problemas comunes de esa España interior para financiar y suministrar servicios públicos de calidad y poner de relevancia la necesidad de incorporar nuevos criterios en el modelo de financiación que garantizan la prestación de los servicios públicos de calidad», ha explicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.
La consejera ha ejemplificado en cifras el esfuerzo que supone para la Comunidad ofrecer una escuela rural de calidad. En Aragón, más del 95% de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes, allí están la mitad de los centros educativos y en ellos estudian el 17% del alumnado. El Ejecutivo dedica a ese 17% de escolares un 31% de la inversión corriente en Educación.
Ha recordado, asimismo, que el Gobierno de Aragón destina más de 16 millones de euros para transporte escolar, un servicio que facilita la igualdad de oportunidades allí donde los alumnos no tienen colegio. También se han mantenido más de 60 escuelas abiertas con 6 o menos alumnos y hay más de 200 escuelas en el conjunto del territorio con menos de 20 alumnos.
«Son datos que nos obligan a la reflexión y a la reivindicación de que hay que incorporar otro tipo de criterios, no solo la población, para valorar cuál es el coste del servicio y precisamente ser equitativos y justos en el reparto de los fondos para mejorar la financiación autonómica. Este encuentro, además de para reflexionar sobre los problemas y las oportunidades que tiene nuestro sistema educativo, es un momento obligado para hablar de la dificultad de financiación de los servicios públicos en aquellos lugares donde la dispersión, la despoblación y el envejecimiento son elementos comunes», ha añadido Mayte Pérez.
La jornada ha comenzado con una visita al colegio público de Infantil y Primaria Ramón y Cajal de Alpartir, donde el director, Juan Antonio Rodríguez, ha explicado las metodologías innovadoras que han valido a este centro numerosos reconocimientos nacionales. Por su parte, Marta Gimeno, alcaldesa de Alpartir y presidenta de la Comarca de Valdejalón, ha explicado cómo la innovación se ha extendido a través de la educación en un proyecto de comarca.
Después los consejeros iniciaron a las 16.30 una reunión de trabajo en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza en la que cada uno de ellos expuso la situación de la escuela rural en su autonomía y se abordaron medidas conjuntas para el sector.
Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia comparten intereses comunes, fruto de sus características socioeconómicas, de su relación de vecindad y de vínculos históricos que les ha permitido desarrollar fórmulas de colaboración entre ellas. Pero también problemáticas comunes como la despoblación o la dispersión de sus respectivos territorios, así como por una financiación injusta.
