El Ayuntamiento de Andorra denunciará por segunda vez a la empresa adjudicataria del servicio de aguas por reiterado incumplimiento del contrato
La empresa, según denuncia el consistorio, se ha negado a entregar la documentación pertinente para realizar una auditoría externa.
El pleno acordó este martes demandar de nuevo a la empresa Aragonesa de Servicios Públicos, encargada de la gestión del agua en la localidad. Los concejales consideran que la gestora continúa incumpliendo el contrato firmado para prestar el servicio y asegura que ha obstruido la auditoría que aprobó el consistorio realizar. Además, el pleno acordó por unanimidad pedir apoyo al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de Teruel para poder rescindir el contrato cuánto antes.
Las quejas por la «pésima» calidad del agua en Andorra se siguen sucediendo diariamente. La excesiva presencia de cal provoca daños en grifos y tuberías particulares y de uso público. Los vecinos denuncian el escaso caudal así como el «elevado» precio del servicio. Asimismo, el nivel de dureza del agua en Andorra ha llegado a alcanzar en momentos puntuales los 65-75ºF, cuando el nivel normal está en torno a los 35.
Cabe recordar que el 31 de mayo de 2016 el Ayuntamiento de Andorra decidió iniciar un expediente sancionador contra Aragonesa de Servicios Públicos. Lo lideró el concejal delegado de Ciclo del Agua, Ramón López. El consistorio denunció que la empresa incumplía parte del contrato. La demanda argumentaba que se pierde el 50% del agua al pasar por la red cuando, como máximo, debería perderse el 25%. Además, decía que el Jefe de Servicio no es residente de Andorra y no puede dedicar el 100% de la jornada laboral a la explotación del servicio, tal y como establece el contrato.
Antes de aprobar el expediente sancionador, los grupos políticos se reunieron con miembros de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). «Ellos vieron los incumplimientos por los que abrimos el expediente sancionador muy claros», alegó en su día López. El pleno acordó entrar en la Asociación y aprobó también realizar una auditoría del servicio.
En diciembre de 2016, el órgano sancionador decidió una multa de 15.000 euros para la concesionaria e hizo responsable a la empresa de la mala calidad del servicio.
Obstáculos para los auditores
Al parecer, la empresa encargada de realizar la auditoría aprobada en pleno ha pedido una prórroga (tenía de plazo hasta el 29 de febrero) porque la gestora está «obstruyendo» su trabajo, tal y como asegura el edil andorrano. Según explicó, la empresa se ha negado a presentar la documentación pertinente para llevar a cabo la auditoría. Además, las explicaciones del personal no coinciden con los registros de actividad.
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