Vivel del Río exige en las Cortes que los camiones no dañen su carretera

La Plataforma de afectados por la Mina de Vivel del Río  pide que los camiones no discurran por la pista del municipio

La última comparecencia de la mañana de ayer de la Comisión de Peticiones Ciudadana ha acogido a los miembros de la Plataforma de afectados por la Mina en Vivel del Río. Estos vecinos mostraron en las Cortes su preocupación por el proceso de expropiación de los terrenos que ocupa su camino vecinal por parte de la Dirección General de Minas del Gobierno de Aragón. Aseguraron que «los camiones de cuarenta toneladas dañarán este camino», que ya fue utilizado anteriormente, y también se mostraron preocupados porque estos vehículos discurran por el casco urbano.

Luís García, concejal de Vivel del Rio, repasó este conflicto que «ya hace años se saldó con conflictos entre los propietarios y los transportistas». «En los sesenta estos vecinos decidieron realizar esta pista sobre sus propias fincas particulares y ésta fue utilizada sin permiso», dijo García, quien también explicó que «la empresa no se hizo cargo de los daños realizados». Además, para el Ayuntamiento, «la ley de expropiación forzosa no debería ser el camino a seguir por la empresa ni por la dirección de minas».

Por su parte, Miguel Morte, uno de los vecinos afectados, señaló que «el mineral va a Levante y la empresa puede sacarlo de otras formas». «Los camiones de cuarenta toneladas afectan al caso urbano y los terrenos y encima lo tendremos que arreglar nosotros» añadió Morte, quien matizó: «Estamos en contra del uso de este paso, no de la minera». Por último, Máximo Guillén, también perjudicado por esta situación, comentó que «hay muchas alternativas de paso para esta empresa».

Por parte del PP, Fernando Galve declaró que el asunto «es muy sencillo de entender». «Una empresa usa un camino privado por un acuerdo perfectamente acreditado. Quien lo tiene que arreglar, son los vecinos y el municipio no recibe ninguna compensación por la mina», indicó. Para él, «lo importante de hoy es que ustedes son los primeros en intentar solucionar el problema y no el Gobierno». «Pero nadie la está dando. Me parece increíble», criticó hacia el Ejecutivo.

El socialista Herminio Sancho se mostró «a disposición del diálogo para darle solución a esto». «Hay alternativas. Habrá que sentarse en la mesa y saber cuál es la mejor solución», ha trasladado a los comparecientes. Para él, «el PSOE siempre exigirá que reviertan al territorio las empresas». «Vamos a estar en contacto para ser capaces de que se soluciones y la empresa asuma parte de las responsabilidades que tiene», manifestó.

Desde Podemos, Itxaso Cabrera felicitó a la plataforma por «la movilización y el trabajo que realizan». «Sobre todo por la unidad ciudadana que están demostrando. Intentarlo es digno de aplaudir», valoró. Para esta portavoz, «es un tema donde los intereses privados de una empresa en concreto han primado sobre los públicos» y «se ha pagado la desidia de diferentes administraciones». «El expediente no está en condiciones para que la DGA lo apruebe y debe modificar su posicionamiento», añadió.

La portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, calificó la situación como «difícil e incomprensible». «Fue un error en su día. No se reparó por parte de los vecinos y del ayuntamiento», defendió en relación con el inicio del problema con la solicitud de la empresa. Para ella, «los propios vecinos se han encargado del mantenimiento del camino que usan a diario los camiones» y «deberíamos de buscar una solución desde aquí para evitar lo que pasa hoy en día».

El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó destacó la «diferenciación entre la propiedad y la cesión de uso». «Por Ley, todas las alegaciones deben ser contestadas, motivadas y argumentadas. Quiero pensar que será así y nos gustaría escuchar la posición del director general de Energía y Minas», expresó. Además, Sansó se mostró partidario de «la compatibilidad de usos y la solución de consenso». «Ahí es donde tenemos que estar», añadió.

Patricia Luquin, diputada de IU, fue la encargada de exponer la postura del Grupo Mixto. Esta parlamentaria aseguró que «no puede existir urgencia en una concesión que es desde 2003». «De lo que se habla aquí es de asumir los costes desde la Administración. En lugar de hacerlo la empresa, decide que se les ponga otro camino», valoró esta portavoz durante su turno de palabra ante la Comisión, mostrándose, además, «contraria a la expropiación forzosa porque sí».