Los procuradores y los abogados del partido judicial de Alcañiz se concentraron el jueves al igual que sus compañeros de toda España para reclamar un cambio legislativo urgente en los derechos de la abogacía y, muy especialmente en la regulación del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, cuya ley data de hace 27 años (ahora se está tramitando el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa).
Aragón es una de las comunidades que tiene traspasadas las competencias en materia de justicia por lo que sus peticiones se las realizan al Gobierno de Aragón y al de España. Reclaman una remuneración «digna» con una actualización anual de los baremos conforme el IPC y que sean uniformes y unitarios en todo el territorio estatal. El turno de oficio no cobra igual en todo el país pero tampoco dentro de Aragón, donde es DGA la administración que regula los baremos. En la comunidad los abogados de las tres capitales de provincia cobran más del doble que los del resto de localidades. Por ejemplo, por las guardias de 24 horas del turno de oficio los abogados de la ciudad de Teruel reciben 1.085 euros a la semana y los del resto de la provincia menos de la mitad, 420 euros.
También sufren agravio en los desplazamientos, que solo se pagan desde la sede judicial, en este caso, Alcañiz. «No incentivan que trabajemos desde nuestros pueblos. Si yo tengo que ir a Valderrobres solo cobro el trayecto partir de Alcañiz pero no desde donde tengo el despacho, que es en Andorra», explica la abogada andorrana Elena Gallego Alquézar.
Otras reivindicaciones
Otra cuestión que reclaman es que se les abonen la totalidad de las actuaciones judiciales efectuadas aunque su defendido no tenga finalmente reconocida la asistencia jurídica gratuita. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones el letrado que ha prestado el servicio se queda sin cobrar porque muchos defendidos a los que finalmente no se les reconoce la justicia gratuita no les quieren pagar. «En la mayoría de ocasiones esas actuaciones ni las cobramos», precisa Gallego.
Otra de las peticiones es que se reconozca la asistencia gratuita tomando como referencia el IPC y no el IMPREM. «Este índice es inferior al SMI y, por lo tanto, más restrictivo, lo que implica que muchas familias con situaciones económicas difíciles no vean reconocido su derecho.
Asimismo, también piden una menor carga burocrática, el acceso a la justicia gratuita a las personas jurídicas y el derecho a renunciar a la designación en casos de amenazas o coacciones, a la conciliación y al descanso y la desconexión digital.
para lo que hacen pones una denuncia y te la archivan. sin comentarios
Y los sindicatos donde están para defender los derechos? Defienden al gobierno. Que vergüenza!