La Audiencia de Teruel ha absuelto a la empresa Desarrollos Farmacéuticos del Bajo Aragón (Defabar), ubicada en Alcorisa, del delito contra la Seguridad Social que se le imputaba y por el que el gerente de esta industria, Gabriel García Gabín, fue juzgado el pasado 9 de marzo. El investigado adeuda al erario público más de 400.000 euros por el impago de cuotas de sus trabajadores entre los años 2013 y 2018 y la acusación particular solicitó para él una condena de tres años de prisión y el pago de multas por 1,8 millones de euros.
El tribunal turolense estima que García Gabín no realizó maniobras de ocultación que obstaculizasen la labor inspectora de los servicios de la Seguridad Social, una condición necesaria para que se cumpla este tipo de delito. La Audiencia señala que, por el contrario, el acusado presentaba con regularidad sus declaraciones, solicitaba aplazamientos de pago «y prestaba, en definitiva, colaboración con la labor investigadora de la Seguridad Social».
La sentencia de la Audiencia, hecha pública esta semana, destaca, además, que, en casos como el presente, donde se acumula una elevada deuda por impago de cuotas, la Seguridad Social dispone de los medios legales y personales para cobrar lo que se le debe «sin necesidad de acudir a los tribunales de Justicia».
Defabar saltó a las páginas de los periódicos en 2018 al ser investigada como presunto centro de operaciones de una red internacional de tráfico ilegal de medicamentos falsificados en el que determinados fármacos importados desde India se terminarían de fabricar y se habría modificado además el empaquetado para hacerlos pasar por españoles. La investigación apuntó a que estos productos podrían presentar un bajo nivel de concentración de su principio activo.
Sin embargo, el juzgado instructor archivo hace algunas semanas la causa al considerar que, tras las diligencias practicadas, no resulta debidamente justificada la perpetración del delito contra la salud pública que se le imputaba. La Fiscalía, a instancias de la cual se acordó el sobreseimiento del caso, señaló que, si bien los investigados presentaron engañosamente medicamentos alterando el etiquetado, no ha quedado probado que se haya generado un riesgo para la vida o la salud de las personas.
La industria farmacéutica había sido apoyada en sus inicios con casi medio millón de euros de subvenciones oficiales.