Nuevos Desarrollos Cibernéticos se benefició de 600.000 euros del Plan Reindus en 2011 pero nunca terminó su construcción
Las cuencas mineras son uno de los territorios más afectados por los llamados «caza subvenciones», personas que se aprovechan de las facilidades económicas que las administraciones ofrecen para desarrollar iniciativas empresariales generadoras de empleo con el objetivo de diversificar la economía y evitar el descenso demográfico en zonas concretas y castigadas. Estos individuos reciben las ayudas pero no las invierten en los proyectos que presentan.
En la cuenca minera turolense se han destapado varios casos en los últimos años como el de Puerto Calanda, cuyo empresario defraudó presuntamente 2,6 millones de euros de ayudas del programa Reindus. Ahora, se suma un nuevo caso, el de Nuevos Desarrollos Cibernéticos S. L., una iniciativa empresarial que se benefició en 2011 de 600.000 euros del mismo programa de reindustrialización. Recibió esta cantidad con un plazo de amortización de 10 años, un periodo de carencia de 5 años y sin intereses. El Ministerio ingresó el dinero pero la actividad nunca llegó a ponerse en marcha.
Ahora, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado han acusado de fraude de subvenciones y falsedad documental al administrador de Nuevos Desarrollos Cibernéticos S.L., Mario Marcelino S. M., y a otras dos personas, Santiago G. C. y Fernando M. M., que habrían actuado como colaboradores. Piden para ellos hasta 8 años de prisión y una multa del doble del importe de las ayudas percibidas (1,12 millones de euros) por delito de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Según consta en los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso La COMARCA, el administrador de Nuevos Desarrollos Cibernéticos en colaboración con los otros dos acusados como gestores administrativos del proyecto, generaron un entramado de empresas ficticias, sin actividad real, para transferir los fondos percibidos de unas cuentas a otras «con el propósito de ocultar la verdadera finalidad de las operaciones». El caso está pendiente de juicio y, por el momento, no se ha dictado prisión preventiva para ninguno de los tres implicados.
Paso a paso
Los hechos se remontan a diciembre de 2010, cuando el acusado Mario Marcelino S. M. solicitó un préstamo al Ministerio de Industria de más de 900.000 euros para el proyecto «Fábrica de Sistemas Cibernéticos Polivalentes» que preveía siete empleos y una inversión total de 1,9 millones de euros. Industria ingresó en la cuenta de la empresa la cantidad aprobada, que fue finalmente de 600.000 euros, en junio de 2011.
Antes, en abril, comenzó la negociación del suelo con el ayuntamiento de Andorra - a través del Somudán-, que se cerró en 2012 por 93.390 euros. Desarrollos Cibernéticos realizó varios pagos que alcanzaron los 82.000 euros.
Posteriormente, comenzó la construcción de la nave y fue en ese momento cuando se empezaron a realizar movimientos financieros de los fondos percibidos a través de diversas sociedades como Naves Andorra S. L, Soluciones Maquinaria y Utillaje S.LL, Anroll Vending S.L., Papsa Restauración, Grupo Subventium, Anropi y AT & Management; todas ellas vinculadas a los acusados. También hay transferencias a familiares y compañeros sentimentales de los mismos.
Estas transferencias se aportaban al expediente del préstamo con facturas y justificantes. Sin embargo, después se procedía a la retrocesión de estos pagos por medio de cheques,con ocultación al Ministerio. Es decir, que el dinero regresaba a la cuenta de la que había salido. Además, la nave nunca terminó de construirse.
Si bien es cierto que las facturas emitidas a Naves Andorra (por valor de unos 600.000 euros), a Soluciones en Maquinaria y Utillaje (unos 430.000 euros), a AT & Management (14.000 euros) y a tres particulares relacionados con los acusados (108.000 euros) correspondían a cuestiones relacionadas con la iniciativa empresarial, el resto no. De hecho, la acusación detalla los cerca de 112.000 euros que se abonaron a Papsa, los 150.000 transferidos al grupo Subventium S.L., o los 7.775 a Anropi, entre otros.
Finalmente la acusación determina que sólo 216.000 euros del préstamo concedido por Industria fueron destinados a desarrollar el proyecto en la Villa Minera.
Paralelamente al proceso, el acusado Mario Marcelino S. M. ha denunciado a los otros dos por unsupuesto delito de estafa.
Cabe destacar también que Nuevos Desarrollos Cibernéticos solicitó ayudas a fondo perdido del Plan Miner, concretamente a la línea de proyectos empresariales de 2011. La Mesa de la Minería de Aragón aprobó esta iniciativa en su propuesta de priorización. No obstante, nunca llegó a recibir ni un euro de este programa al no haberse desarrollado la actividad ni haber puesto en marcha los empleos comprometidos.
Otro varapalo
Para agentes sociales y alcaldes del territorio esta situación supone otro varapalo. «Lo que queremos es que vengan empresas que apuesten por la zona, como lo hacemos nosotros», dijo Juan Ciércoles ayer, presidente de Cepyme Teruel. El andorrano recordó la necesidad de «controlar al máximo» las ayudas para evitar que los «caza subvenciones» se instalen. En la misma línea se manifestó el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, que lamentó que siempre lleguen «desaprensivos» a las zonas mineras con el objetivo de lucrarse económicamente. No obstante, recalcó que no es una práctica generalizada y que, aunque hay que extremar los controles, tampoco se puede «abusar» de la burocracia. «Muchas veces, la excesiva burocracia frena proyectos muy interesantes», señaló.
Hay que pedir responsabilidades tanto al que da las subvenciones como al que las recibe, y devuelvan los dineros o bien uno o el otro, ya veríamos como se asegurarían mas