Entre 2026 y 2030 se jubilarán en España cerca de 43.000 agricultores y ganaderos profesionales, a un ritmo de 10.800 al año, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advierte de que estas jubilaciones representan el 17% del total de autónomos agrarios en activo y que, sin una incorporación significativa de nuevos profesionales, el sector podría perder hasta 200.000 afiliados en 2030.
La organización denuncia que el acceso a la actividad agraria resulta cada vez más complicado para la juventud rural debido a la especulación financiera. «La brecha de entrada al sector se ha vuelto casi inalcanzable para la juventud rural debido a la especulación financiera», señala COAG en un comunicado. Ante esta situación, ha solicitado a los partidos políticos que incluyan medidas específicas en sus programas electorales para el 29-N. «El desembarco agresivo de fondos buitre y de capital riesgo está bloqueando el relevo generacional y poniendo en riesgo el futuro del modelo social agrario en España», advierte la organización.
Según los datos facilitados por COAG, más de 900 fondos de inversión gestionan ya más de 100.000 millones de euros en tierras de la península ibérica. Además, el 6,6% de las grandes empresas agrarias concentra el 42% del valor de la producción, una situación que, según la organización, dificulta la entrada de nuevos profesionales.
«Un joven que se quiera incorporar no puede competir contra los grandes capitales a la hora de acceder a tierra y agua para dimensionar su explotación. En comarcas agrarias sometidas a más presión de fondos, los arrendamientos han triplicado su precio y los precios de la tierra se han duplicado», subraya Andrés Góngora, secretario general de COAG.
Unidad política para blindar el sector agroalimentario
Ante este escenario, COAG reclama a todas las fuerzas políticas que consideren el sector agroalimentario como una cuestión de Estado y se comprometan a sacar adelante un Pacto de Estado por el Relevo Generacional y la Protección del Suelo Agrario. Con este objetivo, la organización ha elaborado un paquete de propuestas que trasladará a todos los partidos políticos.
Entre las principales reivindicaciones figura la reserva de al menos un 10% del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para los jóvenes agricultores y ganaderos. También plantea la creación de un paquete de ayudas a la instalación con un límite de edad de 40 años, sin dejar fuera de las medidas de apoyo a los nuevos profesionales que superen esa edad.
En materia fiscal, COAG solicita un régimen específico durante los cinco primeros años de actividad, además de la exención del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en las ayudas a la incorporación. La organización también propone reducir la tributación de las subvenciones que perciban los jóvenes y establecer incentivos fiscales para los propietarios que les vendan o arrienden tierras.
Otra de sus prioridades es combatir la especulación sobre el agua y la concentración de la propiedad agraria. Para ello, reclama limitar el acceso a las ayudas públicas de los fondos de inversión y capitales sin vinculación con el territorio, así como crear instrumentos que impidan el acaparamiento especulativo de tierras. Estas medidas se completarían con la aprobación de un estatuto del agricultor y ganadero profesional, destinado a reforzar el reconocimiento y la protección de quienes desarrollan su actividad en el sector.
La organización también pone el foco en las mujeres que desean incorporarse a la agricultura y la ganadería y que encuentran barreras para acceder a estas actividades. Entre sus propuestas figuran ayudas para afrontar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la adaptación de estas aportaciones a los ingresos reales y la implantación de procedimientos homogéneos en todo el país para facilitar su incorporación.
