Alcañiz pagará 17.000 € y readmitirá a un electricista que no realizaba bien su trabajo

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estipula la «revocación total» de una sanción interpuesta a un oficial de 1ª de la brigada de electricidad del Ayuntamiento de Alcañiz al que se le abrió un expediente administrativo disciplinario que concluyó con una sanción de seis años de empleo y sueldo (1.758,18 euros mensuales brutos con la prorrata de las pagas extras) por trabajar de forma poco segura y cuidadosa; y sin tener en cuenta la estética de los trabajos. El fallo entiende que los hechos existieron pero que no fueron tan graves como para una sanción de seis años. Por ello, obliga al Consistorio a abonar los salarios que el empleado dejó de percibir desde el 1 de junio de 2017 hasta la notificación de la sentencia a razón de 67,82 euros diarios, incluida la prorrata de pagas extras (más de 17.000 euros).

Este fallo ha sido hecho público por el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento a través de una nota de prensa el viernes en la que su portavoz, Joaquín Galindo, denuncia el «uso abusivo y sin fundamentación» de la potestad disciplinaria que el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso, ha ejercido «de un modo totalmente desproporcionado e injusto». Unos hechos que ha dado a conocer C»s públicamente por primera vez y de los que los sindicatos no habían denunciado públicamente. Para Galindo, abogado de profesión, la sentencia es «prácticamente desconocida» en el ámbito de la jurisdicción laboral, «por lo que se puede afirmar que busca la causación de un daño innecesario con base en una serie de hechos que tanto el Juzgado de lo Social de Teruel como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón califican de leves por lo que se revoca totalmente la sanción dejándola sin efecto, y condenando al Ayuntamiento a reponer al empleado público en su puesto de trabajo y al abono de los salarios dejados de percibir». «La falta de ocupación efectiva del trabajador afectado en sus labores habituales, durante tantos meses, conlleva una carga emocional y psicológica, que en ningún caso es deseada por el poder disciplinario laboral recogido en nuestras leyes», afirma Galindo en el comunicado.

Al ser preguntada al respecto, la concejal delegada de Personal del Consistorio, Gisela Barrio, asegura que se trata de un asunto jurídico que se puso en manos del secretario municipal e que éste hizo lo que consideró «oportuno». «El dictamen sí reconoce los hechos pero no les da la valoración que sí hizo el secretario. Iniciamos el procedimiento porque entendimos que había cosas que esta persona no estaba haciendo bien», afirma la edil, quien matiza que cuando ocurrieron los hechos no era la responsable del área.

Los trabajos «chapuceros» por los que se abrió un expediente al trabajador (y se le trasladó de electricidad a la Brigada, un cambio que el Comité de Empresa entendió como irregular) son varios según recoge el auto y comienzan en 2014. Por ejemplo, colocar los adornos de Navidad anclados a una farola cuando por seguridad es mejor realizar un soporte (tal y como le habían mandado) o dejar unas cajas abiertas con cables a la vista.