Tras la conferencia de presidentes de este domingo en la que se habló del próximo curso entre otras cosas, Javier Lambán avanzó una medida destinada a incentivar inversiones en el medio rural. Será planteada conjuntamente por las comunidades autónomas de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León para elevar a la Unión Europea, siguiendo el criterio de normas ya vigentes para zonas del norte europeo.
En marzo de 2019, recordó Lambán en el turno de preguntas con los medios de comunicación, el Gobierno de Aragón ya trasladó al gobierno central que, tras analizar las normas de la UE en relación con las zonas despobladas, existía una dirigida a zonas de baja densidad del norte de Europa, de los países Bálticos, que podían recibir ayudas de Estado para desgravarse hasta el 20% de la seguridad social de empresas que invirtieran o se mantuvieran en el territorio. «Esta es una ayuda magnífica para incentivar la creación de empresas» a la que según Lambán pueden acogerse tres provincias en España: Teruel, Soria y Cuenca. Razón por la cual, los presidentes de las comunidades de Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León volverán a replantear la cuestión, tras conversaciones de sus respectivos presidentes «porque hay normas que nos avalan» y es una fórmula «formidable» para atraer inversiones a estas tres provincias «y pondría de manifiesto que quienes tenemos que gestionar el combate contra la despoblación somos las comunidades autónomas», aseguró Javier Lambán. Por tanto, ese acuerdo entre las tres comunidades, que será trasladado la próxima semana al ejecutivo central, puede ser el inicio de otros acuerdos igualmente relevantes.
En relación con las zonas más despobladas, Lambán también avanzó que, en conversaciones con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el FITE de Teruel podría ser firmado en el mes de septiembre. Con ello, también se permitiría cumplir con algunas de las medidas contempladas en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica y Social, que precisa de recibir la parte correspondiente de los 16.000 millones del Gobierno de España, así como la de los 177.000 de la Unión Europea.
