El objetivo será depurar responsabilidades después de que la Cámara de Cuentas revelase «irregularidades» en la gestión
Las Cortes de Aragón respaldaron ayer la creación de una comisión de investigación con la que dirimir posibles responsabilidades en la gestión del Plan de Saneamiento y Depuración de las Aguas después de que un informe de la Cámara de Cuentas advirtiera «irregularidades». En dicho informe, realizado sobre las cuentas anuales de 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo fiscalizador avisó de que la comunidad aragonesa podría verse obligada a devolver 117 millones al Estado por el «probable incumplimiento» del citado plan.
Fue la diputada de Podemos Marta de Santos la que presentó la propuesta de creación de la comisión, asegurando que es necesario abrir una ventana que muestre por qué Aragón es la comunidad que paga más caro el servicio de saneamiento. En este sentido, recordó que el Gobierno de España ya hizo un estudio pormenorizado de los sistemas de depuración y solamente dos comunidades autónomas escondieron este informe «en un cajón»: «Madrid y Aragón», por lo que consideró que se da un «paralelismo» entre el Canal de Isabel II -también investigado estos días- y el Plan de Saneamiento y Depuración aragonés. Dijo, además, que el informe de la Cámara de Cuentas deja ver claramente una «retahíla» de ilegalidades que incluye «desvío de fondos» y «sobrecostes millonarios», además de que los aragoneses pagan más del doble por la depuración y en algunos casos hasta diez veces más.
Tras el turno de votación, en el que todos se mostraron favorables, de Santos agradeció la postura favorable del PAR, ya que el plan fue llevado a cabo por algunas de sus «figuras». Anunció, además, que invitará a la comisión a la por entonces ministra, que ha mostrado su disponibilidad, y a los alcaldes de todos los partidos que se han enfrentado al Gobierno autonómico para que arrojen luz sobre lo que ha definido como «zancocho», «trama», «tinglado» o, al menos, algo que se ha gestionado «muy mal».
La comisión buscará responsabilidades políticas y «lo que venga», concluyó.
En el turno del resto de grupos parlamentarios, el diputado popular Ramón Celma mostró su apoyo a la comisión pero «con algunos avisos», porque quiere que sea «útil» y que se evite que las reuniones estén «lastradas» por intereses políticos que impidan que se llegue a conclusiones «certeras». Criticó, además, lo que cree que han sido «difamaciones veladas» por parte del grupo de Podemos y confió en que la comisión sirva para abrir un debate público sobre el modelo de saneamiento.
Por su parte, el portavoz socialista, Javier Sada, recalcó su apuesta por la «máxima transparencia», pero «sin prejuicios» y sin venir «con las conclusiones hechas», y recordó que este asunto ha sido sobreseído cada vez que ha terminado en la Fiscalía. Lo que sí sostuvo es que está «claro» que el Plan de Saneamiento y Depuración ya no es una «solución» sino un «problema», por lo que el Gobierno está buscando «nuevas fórmulas» ante esta situación.
María Herrero, portavoz del grupo aragonés, directamente aludido por la diputada proponente, consideró que esta comisión es una «oportunidad» para que se sepa «la verdad de todo» y se ponga «negro sobre blanco» la gestión sobre la depuración de las aguas. «Nos gusta movernos en agua limpia y por eso este grupo parlamentario apostó para que Aragón tuviese aguas limpias», aseguró, tras lo que afeó a la formación morada que no están depuradas todas las aguas y no están «proponiendo nada».
Por su parte, Jesús Sansó, de Ciudadanos, instó a basarse en datos y cifras objetivos y a dejar de lado los «eslóganes de campaña» y las acusaciones «todas ellas sin justificar» porque solo así se podrá analizar cómo los anteriores gestores tomaron las decisiones que tomaron.
En representación del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) aseguró que la Cámara de Cuentas constata que no son «solamente sospechas», sino que hay prácticas que «no se deberían haber hecho», mientras que Patricia Luquin (IU) recordó que ya intentó, sin éxito, la creación de esta comisión de investigación en 2012 y que se trata de un asunto «muy, muy grave», ya que muchos ayuntamientos están «sufriendo» la falta de depuradoras.
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