El Juzgado de Alcañiz abre juicio oral por 4 contratos menores y mantiene como investigados al exalcalde y al secretario
El Juzgado de Alcañiz ha archivado las actuaciones contra el alcalde de Calanda, José Ramón Ibáñez, y el empresario Raúl Lorca, por posibles delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias en la adjudicación de la última fase de la obra de explanación y urbanización del polígono industrial La Fuensalada. La Fiscalía de Alcañiz, que abrió la instrucción en 2015 tras la demanda de una empresa a la que le fue rescindido el contrato para dirigir los trabajos, entiende ahora que «no ha resultado debidamente justificada la perpetración» de estos delitos por ninguna de las dos partes.
«Cuando empezó todo esto en la última campaña electoral siempre defendí que era inocente, que todo lo que se decía era falso y que se trataba de un complot. Así ha quedado demostrado ahora», dijo ayer el alcalde, José Ramón Ibáñez, visiblemente satisfecho con el sobreseimiento de las actuaciones.
Lamentó que hayan tenido que pasar tres años con «esta espada de damocles encima» y no ocultó su malestar con empresarios y partidos que le acusaron desde el principio. «Agradecería ahora que los responsables de esta historia, que fundamentalmente fueron la dirección de obra que contratamos con José Manuel Bernad y Francisco Manuel Bernad al frente, junto con la empresa Sumelzo, que se empeñó en que tenía que hacer la obra sin haber presentado la oferta más ventajosa, pidan perdón», recalcó. Lo mismo pidió al Partido Popular y a Podemos. El portavoz popular en Calanda, Alberto Herrero, vertió duras acusaciones contra el primer edil en su momento, y Podemos llegó a pedir al PSOE de Aragón que Ibáñez cesara temporalmente de su cargo.
Se abre juicio oral
El alcalde, José Ramón Ibáñez, y el exalcalde, Manuel Royo, además de otros investigados, prestaron declaración en noviembre de 2015 ante la jueza de Alcañiz y, un año después, la Fiscalía Provincial pidió al Juzgado alcañizano que abriera juicio oral. Aunque finalmente se abrirá, en el banquillo no estarán sentados ni José Ramón Ibáñez ni el empresario de la adjudicataria. Si estarán, por el contrario Manuel Royo y el secretario del Ayuntamiento de Calanda.
No obstante, lo que se investiga ahora son cuatro contrataciones menores dentro de la urbanización y puesta en marcha del polígono entre los años 2005 y 2008. Se trata de cuatro adjudicaciones que no superaron los 17.000 euros. «Cuando comenzó la investigación, revisaron todos los contratos y obras del polígono. Han detectado que hay irregularidades, que las cosas no se hicieron bien. También dicen que no se ha perdido ni un céntimo», recalcó Royo que sigue defendiendo su inocencia. «Que haya algún error administrativo, puede ser. Pero nosotros creimos en todo momento que se estaba haciendo bien», puntualizó.
Manuel Royo insistió en que durante las dos legislaturas en las que gobernó en Calanda se invirtieron 43 millones de euros. «Siete de ellos fueron al polígono y esos trece años no hay desviado ni un céntimo», defendió.
Royo causa baja temporal del PSOE
El exalcalde socialista adelantó también ayer que después de conocer la decisión del Juzgado de abrir juicio oral se puso en contacto con el departamento de afiliciaciones del PSOE estatal. «He presentado mi baja temporal de la militancia hasta que quede demostrada mi inocencia», declaró.
