La Audiencia Provincial de Teruel prorroga hasta diciembre de 2033 la prisión provisional a Pedro Lozano, alias Rambo de Requena, condenado a 27 años de cárcel por disparar a dos guardias civiles en Muniesa, uno de ellos herido muy grave, y por los delitos de tenencia ilícita de armas, robo con fuerza, hurto de vehículo, conducción temeraria y coacciones.
El fallo judicial, emitido el pasado mes de abril, ha sido recurrido por la acusación particular y por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y en tanto se produce una sentencia firme, la Audiencia ha aplicado el límite máximo previsto a la hora de prolongar la prisión preventiva para Rambo de Requena. Así, a Lozano le corresponde la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, descontando los dos años de cárcel preventiva que ya ha cumplido desde que ocurrieron los hechos, en junio de 2020.
En un auto, la Audiencia explica que, dada la condena de Lozano a penas que alcanzan un total de 27 años de prisión, la pena de cárcel provisional es necesaria pues aunque no existe todavía sentencia firme, el pronunciamiento condenatorio por nueve años es irrevocable -solo ha sido recurrida la parte referente al tiroteo-, y «ello implica un muy elevado riesgo de fuga».
El pasado jueves, todas las partes personadas en la causa, incluida la defensa de Rambo de Requena, solicitaron que se prorrogara la prisión preventiva hasta que haya una sentencia firme y toda vez que Lozano ha cumplido ya dos años de privación provisional de libertad.
Jorge Piedrafita abogado de la acusación particular en nombre de los agentes sobre los que disparó Lozano se muestra satisfecho, puesto que esta decisión «recoge los argumentos expuestos por esta acusación para que la prisión se prorrogase por el tiempo suficiente o hasta la existencia de un pronunciamiento firme, al efecto de garantizar la seguridad del procedimiento, la ejecución del fallo y la seguridad ciudadana».
«Con esta decisión, se garantiza que el Rambo de Requena permanecerá entre rejas hasta que se produzca una sentencia definitiva, cuando se resuelvan los recursos planteados y los posteriores que puedan realizarse, salvaguardando los derechos de los agentes de la guardia civil perjudicados por estos graves delitos», añade Piedrafita.
